La legisladora de Unidad Ciudadana (UC) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Victoria Montenegro, volvió a referirse al tema y denunció que la reforma del Código Procesal Penal contiene graves vulneraciones de los derechos que amparan la intimidad de las personas.
“Se trata de un proyecto sumamente impreciso en una materia que justamente se debe tener máxima precisión y ser específico sobre en qué casos se deben aplicar estas ‘medidas especiales de investigación’. Es muy peligroso para nuestra democracia, con la experiencia que ha tenido nuestro país, que las fuerzas de seguridad tengan facultades tan amplias y discrecionales en temas en los que se debe tener mucho rigor. Más aún si pueden a acceder a celulares y computadoras de manera remota sin que haya especificaciones acerca de en qué casos es aplicable. Tampoco se menciona por cuánto tiempo y ni siquiera se sabe qué ocurre con la información que se obtiene y no se usa en la investigación”, apuntó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación.
El Cels, Inecip y un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil presentaron un documento sumamente crítico en el que plantean que “la posibilidad de ingresar en forma remota a un dispositivo de un/a ciudadano/a resulta ser una de las medidas más violatorias e intrusivas del ámbito de la privacidad. El llamado acceso remoto presenta graves amenazas para la intimidad, ya que puede conducir a formas modernas de vigilancia en tiempo real, como activar los diversos sensores y componentes del dispositivo de manera encubierta, u obtener información continua acerca de todas las actividades que una persona hace con ellos, sea capturas de pantalla de lo que la persona está viendo, la pulsaciones sobre el teclado y todo lo que se escribe”.
Victoria Montenegro agregó que “este tipo de medidas deberían estar restringidas a casos de delitos complejos. Sin embargo, se hace extensivo a delitos menores y contravenciones. Desconfiamos de las intenciones de este Gobierno que suele perseguir a vendedores ambulantes por el solo hecho de imputarles resistencia a la autoridad y realiza razzias como las que ocurrieron el 8M o en las marchas por la aparición de Santiago Maldonado”.
Según la legisladora, la iniciativa incorpora el artículo 118 bis en la que quedan establecidas estas nuevas técnicas de investigación. Incorpora las figuras del agente encubierto, agente revelador e informante. No contempla límites temporales a la intervención de las comunicaciones que dejarían de tener carácter de excepcionales y de última instancia. La falta de limitaciones, según la iniciativa, se aplicará a las medidas especiales de investigación, eliminando criterios de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.
