Un proyecto de ley presentado en la Legislatura propone otorgarles a los bachilleratos populares de jóvenes y adultos, como a otros instituciones de gestión social y comunitarias, el reconocimiento e integración dentro del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad.
La iniciativa que lleva las firmas de los diputados Maximiliano Ferraro (CC en UNEN) y Pablo Ferreyra (Seamos Libres) pretende que se adopten los mecanismos legales que garanticen el cumplimiento de pautas generales establecidas por el Estado, entre ellos el reconocimiento de la validez oficial de sus títulos y la autorización para el nombramiento de sus docentes.
La presentación se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, junto a la Directora General de Coordinación Comunitaria, Laura García Tuñon, quien acompaña el proyecto desde sus orígenes, además de los legisladores porteños, disertó Orlando Balbo, docente y dirigente social especializado en educación popular de adultos.
Según los autores del proyecto, son aproximadamente 32 instituciones que albergan una población de más de 2000 alumnos jóvenes adultos.
“Nuestro objetivo es construir una educación pública, popular y comunitaria por eso apuntamos a generar un marco normativo que pueda regular estas diversas experiencias. Del mismo modo avanzar en un proceso de regulación e incorporación en el sistema educativo, respetando las principales características del trabajo que vienen desarrollando”, aseguró Ferraro.
Asimismo agregó: “Estas escuelas que proponen la inclusión social y educativa, aun carecen de títulos con validez nacional eso impide la sustentabilidad académica de las mismas, queremos darle un marco legal a las nuevas configuraciones institucionales del sistema educativo, que no vienen a reemplazar a las escuelas de gestión estatal y de gestión privada que hoy existen”, explicó Ferraro.
“Son escuelas que por sus características geográficas y matrícula atienden y desarrollan metodologías de trabajo adecuadas al contexto social y cultural de los territorios que habitan, y una de sus características centrales es la gratuidad de los servicios que prestan y la atención a sectores de la población en situación de vulnerabilidad. Con un proyecto educativo pedagógico autogestionado por la propia comunidad”, señaló.
