Más allá de la “limpieza de energía” que implementó Mauricio Macri en su despacho en la Casa Rosada, en materia de energía eléctrica todo cambiará en los próximos días en el país, en especial por el ajuste que llegará durante todo el año 2016, porque no se agotará con los aumentos que se implementará inmediatamente.
Trascendiendo las características del servicio, las tarifas de Edenor y Edesur llegarán con aumentos que serán al menos de un 100 por ciento y pueden llegar hasta el 600 por ciento. Además, por si las penurias fueran pocas, la periodicidad de los pagos pasará de ser bimestral a mensual, o seas que las empresas contarán con moneda rápida, quizás incluso más rápida que el servicio que les brindan a los sufridos usuarios del servicio eléctrico.
Además, como paliativo, se implementarán dos niveles diferentes de tarifas sociales, que alcanzará en total a alrededor de un 35 por ciento de la población.
Adicionalmente, el Gobierno decidió eliminar el PUREE, que no es una papilla de papas sino que fue alguna vez el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía. A cambio, se incluirá en las tarifas de las compañías un plan de ahorro de energía.
Este ajuste tarifario no se terminará cuando llegue el próximo aumento, sino que existirá una revisión integral que debería entrar en vigencia antes del 31 de diciembre próximo.
Según los analistas, en la ciudad y el conurbano se paga siete veces menos por la electricidad que en Santa Fe y Córdoba.
Para definir el plan de ahorro de energía, se analizará el consumo de los usuarios residenciales entre febrero y abril. Los que hayan reducido el gasto en un volumen de entre el 10 y el 20 por ciento o más, comparado con el mismo período de 2015, verán beneficios en sus facturas.
Los usuarios que no puedan pagar el abastecimiento que posean una demanda inferior a los 300 Kw serán incluidos en las tarifas sociales, que también llegarán hasta los titulares de programas sociales y a los jubilados y pensionados que cobren hasta dos veces el haber mínimo.
Esta tarifa reducida incluirá además a los trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta “dos Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVM) y a los que estén inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; a los usuarios que estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico; a quienes perciban el seguro de desempleo y a los que exhiban su certificado de discapacidad.
Pero, así como existen los incluídos, también están los excluídos. Éstos serán los titulares de más de un inmueble; los propietarios de automotores de menos de 15 años de antigüedad y los poseedores de aeronaves y embarcaciones de lujo.
El objetivo declarado en la Resolución 7 es el de contribuir a que las empresas vuelvan a invertir, ya que, según Aranguren, el servicio necesita ser mejorado y con el cuadro tarifario anterior, eso era imposible.
