Luego del fracaso que debió soportar a fines de noviembre del año pasado, cuando el bloque peronista de senadores y sus gobernadores le cerraron el paso a la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE), en marzo el Gobierno nacional insistirá con el tema.
El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, que fue el que encabezó las negociaciones y, por tanto, el funcionario que quedó más expuesto el año pasado, adelantó que “la idea del Gobierno es insistir con la reforma electoral, porque pensamos que, como cuando se inició el debate, hay una deuda con la sociedad para que la gente vote mejor, de una forma más accesible, que sea más transparente el proceso, se simplifique el cronograma electoral y que tengamos resultados más rápidos, por lo que para nosotros es un debate que sigue abierto y lo vamos a continuar a partir de marzo en el Senado“.
Sosteniendo el mismo tono de traviesa estudiantina que enarboló el año pasado para debatir el proyecto, primero en la Cámara de Diputados -adonde fue aprobado- y luego en la Cámara de Senadores, adonde no, Pérez manifestó que quiere conocer la posición de los partidos políticos “porque acá tenemos que saber quienes quieren terminar con el sistema de la boleta partidaria de papel e ir a un sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), donde el Estado garantice la oferta electoral y en donde terminemos con las colectoras y las candidaturas múltiples y quiénes no”.
Pérez, que llegó a la función pública desde el Frente Renovador tras haber sido legislador por la CC-ARI, lo mismo no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo con el peronismo, aunque aquí es necesario recordar que el bloque peronista está conformado por 47 senadores y el oficialismo reúne apenas 16 voluntades, lo que hace imprescindible una negociación. “Es posible aún lograr la reforma para aplicarse en las elecciones de este año, pero si así no se consiguiera para el proceso en curso, fundamentalmente por los plazos perentorios, es importante votarla igual este año pensando en el 2019, porque así ya tendríamos un nuevo marco legal“, planteó Pérez.
Luego, echando mano a un hipotético Plan B, para el caso de que los cambios no se aprobaran en su totalidad, el funcionario planteó que lo mismo “se podría avanzar este año en algunos puntos, como en la eliminación de las colectoras o el tema de la paridad (fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos) en las listas de legisladores nacionales, además de una mejora en lo que es el control del financiamiento de los partidos políticos“.
Pérez -del que alguna vez Lilita Carrió dijo: “me sacó todo”- defiende un esquema electoral “en que el escrutinio provisorio, que hoy es competencia del Ejecutivo, pase a la Justicia, un cambio que apunta a la mayor transparencia del proceso electoral, que, sabemos, la ciudadanía apoya mayoritariamente“.
Por último, para defender la BUE propone utilizarla y luego ignorarla. “El proyecto incorpora más requisitos de control, porque habrá conteo electrónico, pero se mantiene el conteo manual, o sea que hay un doble conteo y, por otro lado, toda la auditoría de las máquinas está administrada por la justicia electoral, no por el Ejecutivo, es decir que existen muchas garantías en la ley como para que la ciudadanía confíe”, concluyó, algo engañosamente.
Es sabido que el sistema de la Boleta Única Electrónica ha sido utilizado y desechado luego en Irlanda, Holanda, Finlandia, Alemania y el Reino Unido, entre otros países. En todas las ocasiones, las autoridades judiciales dejaron de utilizar el sistema a causa de la gran cantidad de denuncias que se produjeron en todas las instancias y en la escasa posibilidad de respuestas que podía brindar el sistema judicial a las quejas, a causa de las dificultades técnicas.
En el caso particular de Alemania, el Tribunal Superior Constitucional (Corte Suprema) declaró “inconstitucional” la votación electrónica porque no puede ser auditado por cualquier ciudadano, sino sólo por los expertos. Casi todos los países que suspendieron el sistema, lo hicieron a la espera de que existan métodos de seguridad “inobjetables”.
