El Banco Central de la Nación Argentina exige a los bancos argentinos el cumplimiento de las “Medidas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras”, sujetas a la reglamentación de la Ley 26.637 (Entidades financieras), que abarca requisitos de mantenimiento en sus elementos blindados, dictados también por la disposición 417 de la exRENAR y actual Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), quien fuera la encargada de supervisar su acatamiento.
Según explicó Héctor Muzzio, director académico de la Diplomatura en Seguridad Bancaria y Tecnología Aplicada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una vez emitidas estas disposiciones, la ANMAC dispuso de un plazo de 180 días para que los bancos puedan adecuarse a estos requerimientos y, de hecho, éste fue prorrogado en más de una oportunidad.
“La exRENAR es quien debe realizar un registro de que se cumpla todo lo que conlleva la disposición AM-02 del 1999, que es el Registro Nacional de Armas, donde cada entidad tiene que detallar los elementos con cierto nivel de resistencia balística (blindados). Las entidades financieras, públicas o privadas, deben cumplir con esta reglamentación y declarar cuántos de estos elementos tienen y en qué condiciones”, tradujo el especialista sobre lo que los textos oficiales.
Sin embargo, fuentes de la ANMAC le confiaron a Noticias Urbanas que el “Banco Provincia cumple estas normas en un 90%; mientras que el Banco Ciudad lo hace en un 50%, y el Nación desciende a sólo un 35% de acatamiento”.
“Esto desencadenó que, además de estos tres bancos oficiales, gran parte del sistema financiero no cumpla con la ley, por lo que esta entidad se entabla como co-responsable junto al BCRA del incumplimineot de las normas vigentes”, completaron haciendo referencia a los bancos Citibank, Santander Río, Itaú, Macro, Galicia y Supervielle, que “tampoco cumplen con las normas vigentes”.
Consultados sobre cómo puede existir esta brecha, los empresarios adhirieron: “El conflicto fuerte es político entre el exRENAR y el Banco Central, ya que este último no sólo no exige que se cumplan las normas propias sino que tampoco controla ni informa que se cumplan las normas de la ANMAC”. A pesar de esto, “casi la totalidad de los bancos privados cumplieron con la disposición”.
En tanto, el BCRA solicita que se implementen los requisitos en los dispositivos mínimos de cada banco, matriz o filial en: castilletes blindados, alarmas a distancia, tesoros blindados, protección en bocas de acceso y superficies vidriadas, servicio de policía adicional, servicio de serenos e iluminación nocturna interna y externa, recinto para operaciones importantes, elementos de atesoramiento transitorio en cajas de atención al público, medidas de seguridad en las cajas de atención al público, circuito cerrado de televisión (CCTV) de seguridad y prohibición de utilización de terminales de servicio de telefonía móvil y otros dispositivos de comunicación similares.
A tal fin, la información brindada por las entidades debería incluir el cronograma gradual de cumplimiento para que las diferentes casas satisfagan dichos requisitos, según los criterios que adopte cada entidad financiera, de modo que la consecución de ese objetivo se distribuya razonablemente durante el lapso establecido en función de su cantidad, ubicación, características edilicias, etc.
Asimismo, las fuentes de la ANMAC explicaron que este desacatamiento tiene un doble filo, ya que al no cumplirse con estos requisitos mínimos, los bancos también desobedecen las normas internacionales de seguridad que estipula la Comisión de Bancos de Basilea. En consecuencia, Argentina queda fuera de contexto y se postula como un país de alto riesgo en cuanto a seguridad bancaria, lo cual afecta directamente a las inversiones bancarias y financieras, acceso a tasas internacionales de crédito, blanqueos, y mayor dificultad en la operación de fondos.
En resumen, “la desobediencia de estos bancos a los lineamientos del exRENAR y el BCRA no sólo le quita legitimidad y confianza a cada establecimiento, sino que perjudica al país y su inserción en el sistema financiero internacional”, aseguraron. Y, además, puede derivar en sanciones previstas en el artículo 41 de la ley 21.526 de Entidades Financieras, la cual es fiscalizada por las policías locales de cada jurisdicción del país, aunque aún estos tres bancos continúan sin ningún tipo de intervención o sancionamiento.
