La agrupación Inquilinos x Nuestros Derechos y el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC) presentaron tres proyectos de ley en los cuales se busca la regulación de una tarifa social para inquilinos, las garantías bancarias del Banco Ciudad y el pago de las comisiones inmobiliarias por parte de los propietarios.
Los tres proyectos de ley fueron presentados el jueves, en el marco de la semana en la cual se conmemora el Día del Inquilino en homenaje a la huelga de 1907, y tienen como objetivo aliviar la situación de casi un millón de inquilinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y que se ven sistemáticamente sometidos a los abusos de inmobiliarias y grandes propietarios.
Entre 1991 y 2001 el porcentaje de hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo entre un 21% y un 22%. Sin embargo, según la Encuesta Anual de Hogares 2015, en los últimos 15 años trepó de manera vertiginosa alcanzando un 35,2%. Esto representa casi un millón de personas.
Actualmente una familia destina por lo menos un 50% de sus ingresos al pago del alquiler, considerando los escandalosos aumentos de los mismos (que tal como reconocen las propias estadísticas oficiales están por encima de la inflación), las expensas y servicios con el impacto del reciente tarifazo, y en muchos casos también el ABL.
Por otra parte, quienes alquilan en el llamado “mercado informal” (aproximadamente un 20% de los inquilinos) pagan precios similares a los que rigen en el mercado formal y acceden a viviendas en peores condiciones de habitabilidad. Uno de los principales impedimentos para alquilar formalmente es la exigencia de una garantía inmueble (que además en muchos casos debe ser de la Ciudad de Buenos Aires y familiar directo).
“Ante esta grave situación que enfrentan los casi un millón de inquilinos de esta Ciudad y que pone en riesgo sus posibilidades de acceso y sostenimiento de una vivienda digna, proponemos como punto de partida estos tres proyectos que pretenden revertir este cuadro y fomentar una mayor intervención del Estado para garantizar el derecho constitucional a la vivienda de todos los ciudadanos”, expresó Carolina Herrera de Inquilinos x Nuestros Derechos.
Los proyectos ingresaron a la Legislatura con los números de expediente 3271, 3272 y 3273.
