La coparticipación que se reparte entre los municipios bonaerenses se mide en base a un índice llamado Coeficiente Único de Distribución (CUD), que se conforma en base a tres índices: el del Régimen General, que signnifica un 58 por ciento del total; el Régimen de Salud, que suma el 37 por ciento y el Régimen de Acción Social, que aporta el cinco por ciento restante. Los recursos que se coparticipan asumen el 16,14 por ciento de la recaudación provincial.
Los porcentajes del Régimen General se conforman en un 62 por ciento por la población del municipio; en un 23 por ciento por la inversión de la capacidad tributaria potencial per cápita, ponderada por la población del municipio y el 15 por ciento, en proporción a la superficie que ocupa el distrito.
El Régimen de Salud toma en cuenta a los municipios que poseen establecimientos asistenciales municipales en el área de salud, tomando en cuenta las variables que resultan de la cantidad de establecimientos que no poseen internación; la cantidad de consultas médicas ambulatorias; la cantidad de pacientes registrados en los establecimientos que sí tienen internación; la cantidad de egresos de los nosocomios y la categoría de los hospitales o unidades sanitarias, que se mide por el nivel de complejidad que le otorga el Ministerio de Salud provincial, la cantidad de camas y el porcentaje de ocupación de éstas.
En este rubro, los municipios deben presentar mensualmente una Declaración Jurada a la Región Sanitaria a la que pertenecen, que luego es enviada al Ministerio de Salud, para que éste la transfiera al Ministerio de Economía, que elaborará la evaluación correspondiente al último rubro del párrafo anterior.
El último índice es el Régimen de Acción Social, que incluye a todos los municipios a los que la provincia les transfirió servicios, que ahora deben ser cubiertos por la instancia comunal. Por esta razón, no todos los intendentes lo cobran. Los servicios de salud que les fueron transferidos en alguna ocasión, entran en el índice anterior.
De la letra a la realidad
Todos los años, cuando se vota el Presupuesto Anual, la ley que va a asegurar -o afectar- la viabilidad de todos los niveles del Estado, la letra que contiene será puesta en duda, cuestionada, sacudida, defendida o vituperada por los que fueron perjudicados o favorecidos por los números que contiene.
Este año, de 135 municipios bonaerenses, 64 vieron reducida su participación en el dinero a cobrar, en tanto que 70 de ellos no sufrieron cambios con respecto a lo cobrado en 2016 y una mosca blanca -el San Fernando de Luis Andreotti (FR-UNA) seguirá ostentando el mismo coeficiente que el año último.
El cuadro de honor de los municipios más perjudicados -hay que hacer notar en este punto que los hay de todos los colores políticos- lo conforman, en primer lugar General Lavalle (Cambiemos), que vio reducida su participación en el CUD en un 23,9 por ciento. Lo siguen, en orden decreciente de ingresos, Exaltación de la Cruz (FPV), que disminuyó su percepción de fondos en un 5,65 por ciento; General Madariaga (Cambiemos), que perdió el 4,16 por ciento; Adolfo Alsina (Cambiemos), que cayó en un 4.09 por ciento, a pesar de las inundaciones que sufrió el año pasado; La Matanza (FPV), por su parte, vio reducidos en un 3,96 por ciento sus ingresos; Azul (FPV), que recibió un 3,68 por ciento menos ; Luján (Cambiemos), al que se le entregará un 3,08 por ciento menos de fondos; Saavedra (FPV), que fue perjudicado al bajar su expectativa a recibir un 2,89 por ciento menos que en 2015; Quilmes (Cambiemos), que cocinará un 2,83 por ciento menos que el año pasado y Malvinas Argentinas (FPV), que recibirá un 2,76 por ciento menos que antes.
En esta sección del cuadro, hay seis municipios gobernados por el Frente para la Victoria y cuatro regidos por Cambiemos.
En la otra sección del cuadro están los que sonríen. Los diez más favorecidos fueron Suipacha (Cambiemos), que tendrá un 21,46 por ciento más de razones para congratularse; Salto (FPV), que vio mejorado su optimismo en un 15,33 por ciento; Roque Pérez (FPV), que recibió un aumento del 7,25 por ciento; Benito Juárez (FPV), que vio elevar en un 12,76 por ciento sus ingresos; Escobar (FPV), que recibirá un 6,71 por ciento más; General Arenales (Cambiemos), que cobrará un 6,47 por ciento más; General Paz (FPV), que vio engordar sus arcas en un 6,64 por ciento; Vicente López (Cambiemos), que tiene un 5,61 por ciento más de motivos para la felicidad; Rivadavia (Cambiemos), que se llevará a América, su ciudad cabecera, un 5,51 por ciento más de fondos y Carlos Casares (FPV), que recibirá un incremento del 5,08 por ciento en sus fondos coparticipables.
En este sector de intendentes más contentos, cinco militan en el Frente para Victoria y cinco forman parte del oficialismo provincial de Cambiemos.
Los que protestan y porqué lo hacen
Los intendentes vienen cuestionando el protocolo que utiliza el Gobierno para aplicar el CUD desde hace tiempo, aunque es necesario aclarar que año a año esta críticas se repiten, sólo que cambian sus protagonistas.
Una queja que se escuchó este año es que los jefes comunales que implementan políticas de prevención de la salud se ven perjudicados porque así logran reducir el número de internados y uno de los coeficientes que se utilizan para calcular los montos que les corresponden compara el número de camas hospitalarias disponibles con la ocupación es éstas. Existen otros cuestionamientos a la letra del CUD, pero también existe una certeza y es que existe la convicción de que ninguno de ellos será tenido en cuenta antes de 2019.
De todos modos, más allá de la coyuntura política que se vive por estos días, el municipio que gestiona Verónica Magario hace tiempo que mantiene encendidas todas las luces de alerta. Primero fue la advertencia de la gobernadora, María Eugenia Vidal de que “La Matanza no es del Presidente, no es mía, no es de la intendenta, es de sus vecinos. La provincia es de los vecinos, no de los políticos“, acompañando sus palabras ese mismo día -el 29 de agosto del año último- con un gesto poco tolerante, como fue el de no invitar a la intendenta a subir al palco en el que se realizaba el acto de inauguración de una línea de producción de la embotelladora de gaseosas Manaos.
Apenas 17 días después, el 14 de septiembre, Magario recibió la noticia de que existe un proyecto para dividir La Matanza en cuatro municipios, una decisión que posee un único objetivo, que es de restarle poder al partido del que la intendenta forma parte: el Partido Justicialista. Así, Matanza quedaría primorosamente dividida en Laferrère, Juan Manuel de Rosas, La Matanza y Los Tapiales. Una obra digna de Jack The Ripper.
En este año, quizás no casualmente, dado el carácter de enemiga que se le atribuye a Magario en La Plata, la capital provincial, La Matanza verá afectados sus ingresos. El año pasado tenía un CUD de 7,97, que este año descendió a 7,65. De todos modos, por su densidad, su población y sus servicios de salud, el partido más poblado de la provincia, que alberga a 1.772.130 habitantes, seguirá recibiendo más recursos que los demás.
Los más y los menos en volumen
Los que le siguen en la tabla de los que poseen el CUD más elevado son, en ese orden, Merlo; Malvinas Argentinas; La Plata; Lomas de Zamora; General Pueyrredón (Mar del Plata); Quilmes; Almirante Brown, Florencio Varela y San Isidro. Por oposición, los que tienen el CUD más bajo son los partidos de Tordillo; Carmen de Areco; Lezama; General Guido; Monte y Pellegrini.
De todos, en cantidad de habitantes, a La Matanza le siguen La Plata (687.378); General Pueyrredón (618.989); Lomas de Zamora (616.279); Quilmes (582.943); Almirante Brown (552.902); Merlo (528.494); Florencio Varela (426.005); Malvinas Argentinas (321.833) y San Isidro (291.608).
