El Colegio de la Abogacía de la Ciudad criticó las postulaciones a la Corte

El Colegio de la Abogacía de la Ciudad criticó las postulaciones a la Corte


El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra adelantó el viernes sus argumentos en una nota dirigida al ministro de Justicia

Tras presentar el escrito con la opinión fundada sobre la postulación de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presidente del Colegio de la Abogacía de la Ciudad, Ricardo Gil Lavedra, señaló que “las nominaciones de dos varones para integrar una Corte compuesta íntegramente por personas del género masculino, resulta claramente inconstitucional”.

“No es admisible efectuar designaciones violando, precisamente, normas constitucionales”, alertó.

El recientemente reelecto titular del Colegio Público porteño advirtió que “no es una opción que el presidente de la República deba contemplar la diversidad de género cuando se trate de nominar candidatos o candidatas a la Corte”. Por el contrario, recordó que “es un mandato constitucional derivado de la reglamentación del artículo 99 inciso 4 por el Decreto 222, y también por exigencia de tratado de jerarquía internacional que tienen también la misma jerarquía constitucional”.

“Como los estereotipos, prejuicios culturales y sociales están todavía muy arraigados, muchos cuestionamientos -de personas y asociaciones respecto de las candidaturas anunciadas- han ‘naturalizado’ que no es decisivo que no se trate de mujeres y se han concentrado en los antecedentes, mal desempeño y aptitudes de alguno de los postulantes, además de señalar un supuesto acuerdo político con la principal oposición para intentar controlar la mayoría de la Corte a los efectos de obtener fallos favorables”, agregó

Finalmente, indicó que “las candidaturas deben contar con antecedentes irreprochables, solvencia técnica acreditada, compromiso con los derechos humanos, con la democracia y con la ética en la función pública”.

“Debe tratarse de personas de aquilatada integridad. Estos elementos permitirán confiar en que desempeñarán su cargo con absoluta independencia, tanto del gobierno como de otros factores de poder”, concluyó Gil Lavedra.

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