Los legisladores y legisladoras de Unidad Ciudadana rechazarán el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que envió el Ejecutivo porteño a la Legislatura de la Ciudad porque compromete seriamente principios, derechos y garantías consagrados a nivel constitucional y convencional. Al mismo tiempo, en conjunto con otros bloques opositores (Peronista y Socialista), se firmó un dictamen de minoría que exige más tiempo de debate en comisión.
La reforma al Código Procesal Penal será tratada en la sesión de este jueves.
Según los legisladores, el proyecto de ley incorpora a la legislación procesal penal de la Ciudad medidas especiales de investigación, entre las que se encuentran las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante, la entrega vigilada y las técnicas de vigilancia acústica y remota como técnicas de investigación de delitos. Estas últimas habilitan la escucha y registro de conversaciones privadas de los imputados a través de medios informáticos, la captación y grabación de imágenes de éstos en la vía pública y la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y localización.
Para Unidad Ciudadana, de aprobarse esta iniciativa tal como está redactado someterá a los porteños y porteñas a tres riesgos: En primer lugar la vulneración de la intimidad de las personas. En segundo término, laposible comisión de abusos en el uso de estas herramientas con fines políticos. Por último,expondrá al sistema judicial a un proceso de deslegitimación mayor al que hoy estamos viendo.
Respecto de las medidas especiales de investigación no se detalla para qué delitos se pueden aplicar. Uno de los principales problemas que acarrea la incorporación de estas figuras es el rol que se le da a los jueces como única garantía de los derechos de los investigados. Esto no resulta suficiente, sobre todo en un contexto de profunda inestabilidad y crisis institucional del Poder Judicial como el que atravesamos.
En la figura del informante, por ejemplo, no tenemos ninguna garantía que evite que las fuerzas de seguridad utilicen métodos extorsivos para acceder a la información y se relega en el Ministerio de Seguridad la reglamentación, dándole un cheque en blanco a esta cartera ministerial para tener un manejo absolutamente discrecional respecto de la utilización.
Respecto a las figuras de agente encubierto y revelador, está el riesgo de que el personal policial que actúe en estas condiciones se transforme en agente provocador, instigando la comisión de delitos, cuando ese tipo de prácticas han sido expresamente rechazadas por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En cuanto a las técnicas de vigilancia, que habilitan la intervención de los dispositivos informáticos y, en consecuencia, el acceso a las conversaciones privadas del imputado, así como la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización, hemos sido especialmente puntillosos en las observaciones. El proyecto no explica de modo claro y autosuficiente cómo se realizará la intervención sobre los diferentes dispositivos y equipos informáticos y qué medidas específicas se tomarán para la protección de los datos personales recabados en las medidas realizadas.
El sistema democrático y republicano necesita de herramientas de control y de límites claros que permitan evitar abusos. Abandonar nuestras facultades para garantizar estos límites no solo es un error político, sino que también es una forma de seguir erosionando a nuestras instituciones.
Para Unidad Ciudadana, de esta manera el Gobierno porteño le da un cheque en blanco a la Justicia y a las Fuerzas de Seguridad.
