A diez días del anuncio del aumento en los subterráneos, el titular del Juzgado Nº 11, Fernando Enrique Juan Lima, fallará -según fuentes judiciales, este mismo lunes- sobre la viabilidad de las medidas cautelares presentadas para intentar su anulación.
Si bien los plazos legales autorizan al juez a posponer su decisión hasta el miércoles próximo, la importancia del tema y la magnitud de la reacción contraria al incremento por parte de los usuarios, acelerarían sus tiempos.
De todos modos, la resolución del juez será casi seguramente apelada ante la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, por lo que se mantendrá firme hasta que éste tribunal dictamine.
El precio del boleto del subterráneo aumentó por última vez en enero de 2009, luego de la crisis mundial de 2008. En el lapso de un año -enero 2008/enero 2009-, el aumento representó un 51,7 por ciento, ya que pasó de $0,70 a $0,90, y doce meses después de 0,90 al actual 1,10 pesos.
Hasta ahora, el gobierno porteño, tras decidir el aumento de la tarifa, se negó a rever la medida, aduciendo que en el Presupuesto 2012 no está previsto el monto del subsidio que le transfirió la Nación, que ya no cobrará en 2013. Adicionalmente, Macri aseguró que no es necesario convocar a una audiencia pública, ya que el convenio original autorizaba el cobro de una tarifa de tres pesos que nunca se aplicó a causa del subsidio del Estado nacional.
Entretanto, los integrantes de la multisectorial que se conformó para oponerse al tarifazo, que fue del 127 por ciento, resolvieron continuar este lunes con la liberación de los molinetes en horas pico, que vienen realizando desde el seis de enero los miembros de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP).
En esa misma fecha, el día en que se anunció el aumento, fueron presentados los primeros pedidos de amparo solicitando la derogación de la medida, motorizados por las ONG?s Ciudadanos Libres y Consumidores Libres, patrocinados por los legisladores Aníbal Ibarra, Susana Rinaldi, Delia Bisutti y Edgardo Form.
Los dirigentes de izquierda, que siempre son divisibles por dos, presentaron sus recursos por separado. Por una parte, Alejandro Bodart y Vilma Ripoll presentaron su amparo socialista y trabajador, en tanto que Néstor Pitrola y Marcelo Ramal pidieron una cautelar obrera, como corresponde.
A estos amparos hay que sumarles los tres que presentaron distintos particulares y el que realizó la ONG Centro de Defensa Ciudadana.
Ante tanta profusión de causas, el juez Lima resolvió acumular las causas, para evitar que se repitan los expedientes por una sola causa.
Finalmente, el viernes último Aníbal Ibarra presentó las primeras 100 mil firmas que fueron recogidas entre los ususarios que se oponen al aumento, que no tienen ninguna validez jurídica, pero que servirán como una sutil presión política sobre el juez de la causa.
