La Unión Industrial Argentina (UIA) anunció que será “amicus curiae” de los jueces del fuero laboral que entienden por la suspensión de la reforma de la legislación en las causas presentadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
“La UIA considera que la modernización de la legislación laboral propuesta se adapta a las nuevas realidades de empleo. Las reformas planteadas sientan las bases para que las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles, una vez que se materialice la recuperación económica”, señaló la entidad en un comunicado.
La decisión se suma a que las entidades empresarias más importantes de Córdoba, reunidas en el G6 y la Bolsa de Cereales, también reclamaron ante la Justicia que la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei siga vigente. Presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Ciudad de Buenos Aires un recurso extraordinario en la causa que suspendió la vigencia del Título IV de Reforma Laboral del DNU 70/23 (el megadecreto).
La decisión la tomaron los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González.
Un día después dictó una nueva medida cautelar, esta vez promovida por la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA), y volvió a declarar la suspensión del Título IV, Trabajo, del DNU 70/2023. El fallo lo firmaron Alejandro Sudera y Andrea García Vior. La resolución dice que es necesario intervenir sin esperar a la solución de fondo del caso porque existe un “grave riesgo de conflicto social” que podría derivar en “hechos de violencia inusitada”.
La UIA repasa que en su “Libro Blanco” hay iniciativas “concretas” para “mejorar las condiciones laborales, entre las que destacan la reducción de litigiosidad y cargas laborales, la creación de incentivos para el empleo formal, la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de los conflictos laborales”.
En el caso de los empresarios cordobeses, requirieron su incorporación al proceso judicial como terceros interesados y pidieron a la Corte Suprema de Justicia que revoque la decisión de la Cámara Laboral, dejando sin efecto la medida cautelar ordenada.
El recurso extraordinario fue presentado por la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Federación Comercial y la Unión Industrial de Córdoba, con el apoyo de la delegación de la Cámara Argentina de la Construcción.
Entre otros fundamentos, las entidades empresarias expresaron que “deben ser escuchadas tanto como las gremiales” antes de tomar decisiones sobre la vigencia y validez de las normas laborales contenidas en el DNU.
“La razón es sencilla y contundente: las reformas impulsadas en material laboral potenciarán la creación de nuevas empresas, promoverán la exportación de productos argentinos, atraerán inversiones y multiplicarán exponencialmente las fuentes de trabajo”, sostuvieron.
Añaden en el texto ingresado a la Justicia que la reforma también “aportará beneficios significativos para los empleados, ya que incrementa la formalización de las relaciones laborales y ataca las cargas, costos e ineficiencias de las antiguas normas laborales que han provocado una merma sustancial en las contrataciones de nuevos empleados, cuyo resultado es que la tasa de asalariados sobre la población activa sea la más baja de nuestra historia”.