11 December, 2020 | 7:51

Con 131 votos a favor, obtiene media sanción en Diputados el proyecto del aborto

Con 131 votos a favor, obtiene media sanción en Diputados el proyecto del aborto

También se aprobó (por unanimidad) el Plan de los Mil Días.

Por Florencia Galarza
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Luego de más de 20 horas de debate y de 160 oradores, llegadas las 7 de la mañana, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de la Regulación de Acceso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

Automáticamente, una ovación, entre abrazos y lágrimas las y los diputados “verdes” del oficialismo y oposición, se desató dentro del recinto, al igual que afuera, en la calle, donde la “marea verde” realizó la vigilia en las inmediaciones del Congreso con carpas y algo similar sucedió en el Salón de Pasos Perdidos, donde parte de la prensa acreditada se quedó en vela toda la noche y esperó al momento de la votación para celebrarlo.

La diferencia fue aún más amplia que en 2018, cuando la iniciativa se aprobó por apenas cuatro votos, 129 a 125, con una abstención.

En alrededor de una hora más de sesión, quedó aprobado también el Plan de los Mil Días (por unanimidad) que será tratado junto a la IVE en el Senado antes de fin de año. Aunque no es oficial la fecha aún, se señala en los pasillos del Congreso al 29 de diciembre como posible fecha de tratamiento. En tanto, la próxima semana comenzará el debate en comisiones.

 

Instantes previos a la aprobación

El cansancio y agotamiento se notaba en los rostros de las y los diputados, pero no en sus discursos. Cuanto más cerca se estaba de la votación, más euforia y más sentimiento sobrecargaban las palabras de quienes votaron a favor y en contra.

La diputada de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, una de las figuras que han marcado el debate en esta misma cámara en el 2018 por su fuerte disertación a favor de la ampliación de los derechos de las mujeres, que había logrado transmitir su emoción y sus lágrimas a las chicas que esperaban fuera del Congreso, al hablarles directamente a ellas a través de las pantallas gigantes que transmiten la sesión en las calles. La ansiedad por la primera vez material en la historia argentina donde el aborto, ese proyecto que busca ser legalizado desde el 2006, había vuelto a “la marea verde” en una marea de lágrimas y nudos en la garganta que estalló cuando la diputada las señaló como las verdaderas protagonistas del avance de la revolución feminista y ejecutoras de que, al fin, se tratara en el Congreso esta iniciativa que no solo le permitirá a las personas gestantes poder decidir sobre sus propios cuerpos hasta la semana 14 de su embarazo, sino que lxs convierte en sujetxs políticxs por fin visibles y autónomxs.

Este viernes, Lospennato volvió a contener las lágrimas en un discurso tan encendido como aquella vez, como también lo fue el de sus compañeras. Compañeras no por color político, sino de lucha en el camino a la legalización de este proyecto que será un hito para el avance de la lucha por los derechos de las mujeres y de aquellas personas con identidad de género disidente con capacidad de gestación.

“Esta ley es liberal por que no obliga a abandonar la maternidad, pero deja de obligar a las mujeres a ser madres”, comenzó la diputada, quien agradeció al presidente Alberto Fernández por haber cumplido su promesa de campaña al enviar el proyecto al Congreso, pero de inmediato reivindicó al expresidente Mauricio Macri por haber habilitado el debate cuando antes, y recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el proyecto había sido cajoneado. Aun así, destacó:

“Esta ley no es de ningún presidente ni de ningún gobierno, es una conquista más del movimiento de mujeres”.

Luego, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), de forma virtual se opuso al proyecto al marcar que la Constitución Nacional defiende la vida desde la concepción, por lo que lo tildó de “inconstitucional”, y alegó que se trata de una falacia que esta iniciativa les provea “libertad” a las mujeres, quienes podrían “decidir si continuar o no con una vida”. En tanto, instó a buscar “soluciones reales” para la desigualdad jurídica y económica que existen entre hombres y mujeres:

“El aborto podrá ser ley, pero jamás podrá ser justo. ¿En serio creemos que con esta ley estamos ampliados derechos? El aborto es el emergente claro de la falta de educación, oportunidades y violencias contra la mujer. El aborto es aborto, sea legal o ilegal. La solución para la decadencia argentina no puede ser nunca el aborto”.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos por Córdoba Gabriela Estévez, al tomar la palabra, pidió “que sea una realidad el lema aborto legal, seguro y gratuito”, y destacó la importancia de que se avance con la ley “para que los pibes y pibas puedan tener su proyecto de vida sin limitaciones”.

Estévez, además, indicó que “mucho se habla de la adopción, pero nadie acá sabe lo que es adoptar en este sistema”. Acto seguido, contó que ella lleva cinco años en el proceso de adopción de su hijo. Y cerró su intervención al hablarle a las personas con disidencias sexuales y de identidad de género que no se olvida de que ese Congreso tiene para con ellxs cuentas pendientes: “Faltan tratar muchos derechos humanos acá”.

La última oradora fue la diputada por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti, que inició su discurso con una dedicatoria al fallecido Eduardo “Pino” Solanas, cuyo deceso sucedió el pasado 7 de noviembre en París mientras ejercía su cargo como embajador ante la Unesco, por coronavirus: “Permítanme la licencia de traer a un compañero que nos anunció que contra viento y marea iba a ser ley. Pino, acá te decimos que vamos a cumplir y que va a ser Ley”.

En su intervención, Cerruti hizo foco en el concepto del “deseo”: “No discutimos en toda la noche lo que sí deseamos porque cuando un embarazo es no deseado es porque desea otras cosas y el verdadero conflicto está con esas otras cosas que sí desea”.

“Cuando decimos que tenemos nuestros proyectos con ese nuevo poder emancipatorio, que es en comunidad, las políticas de cuidado tienen que ser parte de las políticas de Estado y de las discusiones”, añadió. Y completó:

“Sepamos que somos las ancestras de las que vienen. Llevamos en nosotras la memoria del futuro. ¿Qué memoria de las pibas queremos ser? Queremos ser la chispa que encienda la antorcha de las pibas que se planten para luchar por más derechos”.

 

Aprietes y escraches

Hasta ayer jueves había alrededor de 18 “indecisxs”, hubo definiciones de último momento y votos sorpresivos. “A estas alturas, no hay indecisos”, decía una diputada en los pasillos del Congreso esta semana, en referencia a que las y los diputados sí conocen sus convicciones y mantienen una opinión al respecto de este proyecto; el eje de conflicto es otro: aprietes, escraches y negociaciones políticas.

Esto no es nuevo, había sucedido también en el 2018, cuando durante toda la madrugada de aquella sesión maratónica había diputadxs que anunciaban el cambio de su voto.

Las influencias no son novedad en la política, de hecho, es de público conocimiento que la Iglesia Católica y el mismo Vaticano han pedido y hasta condicionado a aquellos diputados y diputadas que osaran a votar a favor de las mujeres. También lo es que ayer el presidente Alberto Fernández envió a algunos de sus ministros a asegurarse de que su partido dentro del Palacio parlamentario consiguieran la aprobación de la IVE.

Los intereses en juego son muchos, por lo que es esperable que no solo el Papa Francisco y el Presidente hayan levantado el teléfono para ganar la pulseada de poderes que se libraba en el recinto.

Esto quedó demostrado con el caso del diputado jujeño Daniel Julio Ferreyra (Frente de Todos) quien denunció que fue hostigado y amenazado, por lo que optó por abstenerse de votar en la sesión. Su voto iba a ser a favor.

“Estoy recibiendo todo tipo de amenazas, en lo personal no me preocupa, pero han llegado hasta la casa de mi hija. No me arrepiento de lo que dije esta mañana en un reportaje, dije que no se podía ser demasiado duro, a pesar de estar a favor de la vida, con aquellas mujeres que por diversas circunstancias se ven obligadas a tener que recurrir a un aborto”, relató el diputado. 

Y completó: “De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mí. Una periodista cotizada no tuvo mejor idea de decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley. No sé si la señora alguna vez vendió algo de ella por plata, a mí nunca me pudieron comprar. Por esa razón, no estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener, les pido perdón”.

Hay quienes apuntan contra la misma conductora de televisión, Viviana Canosa, que el jueves publicó en sus redes sociales dos videos de archivo del legislador en el que se lo veía a favor de “las dos vidas” y con pañuelo celeste. “Ahora estaría por ser #Pro$ . Voy a ir casa por casa diputado.. a la suya también.. den explicaciones. No se vendan por Dios. tengan dignidad!! Ud. está a favor de la billetera ..”, expuso la mediática cuya postura contra la legalización del aborto es conocida.

 

Detalles del proyecto IVE

Entre los puntos principales, y a forma de resumen del proyecto que permitirá a personas gestantes interrumpir de forma legal y segura su embarazo, cabe remarcar, tal como reza el escrito:

  • Las mujeres y personas gestantes podrán interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
  • El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita es de diez días corridos. Una vez que se realiza el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.
  • Tiene por objeto “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.
  • En caso de violación, las personas gestantes a partir de los 13 años de edad deberán presentar una declaración jurada ante el personal de salud.
  • Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad. Para los casos de menores de 16 años, el proyecto se remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.
  • El personal de salud debe garantizar, como mínimo, las siguientes condiciones: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y estándares de calidad.
  • El profesional que deba intervenir “de manera directa” en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Si se opone a realizar la práctica, tendrá que derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional, “sin dilaciones”. De todos modos, el profesional no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o las salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posterior al aborto.
  • En el debate en comisiones se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia. Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”. Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.
  • El sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedarán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
  • Se establece que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios “tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.
  • El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales deberán implementar capacitaciones para el personal de salud a fin de cumplir con la ley.

Modificaciones al Código Penal

  • En el artículo 85 se mantiene la pena de tres a diez años de prisión para quien provoque un aborto sin consentimiento. Esta pena podrá ser de hasta 15 años si causa la muerte de la persona gestante.
  • Si el profesional obra con consentimiento y el aborto se produce después de la semana catorce y sin que existan los supuestos previstos (violación o peligro para la mujer), la pena será de tres meses a un año -actualmente es de uno a cuatro años-.
  • A su vez, se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.
  • En el punto medular del proyecto, se modifica el artículo 86 del Código autorizando el aborto voluntario hasta la semana catorce.
  • En el artículo 87 se aumenta el máximo de la pena para quienes “con violencia” causen un aborto -sin haber tenido ese propósito- a una persona con un embarazo “notorio”. La nueva pena será de seis meses a tres años -actualmente son seis meses a dos años-.
  • Por último, en el artículo 88 se reprime con prisión de tres meses a un año a la persona gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo provoque, por fuera de las causales habilitadas. Actualmente, esa pena es de uno a cuatro años, es decir que ahora se reduce y será excarcelable. Se indica además que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”, y se mantiene, como hasta hoy, que “la tentativa de la persona gestante no es punible”.

(Nota en desarrollo)

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