Frente a eso, los legisladores del bloque oficialista de Vamos Juntos salieron a defender los cambios. Dos de esos legisladores fueron Natalia Fidel (Confianza Pública) y Claudio Cingolani (Coalición Cívica).
“Creemos que es una necesidad que el Estado ponga en el centro de la escena a las víctimas, otorgándoles mayor contención y soporte durante un proceso penal que deben atravesar en búsqueda de justicia. Un abogado oficial gratuito, tal como hoy tiene quién es victimario, ayudaría en ese sentido”, expresó Fidel.
Y además, agregó: “Debemos reconocer que hoy existe un grave desequilibrio si la víctima, además de ser la única involucrada en el proceso penal que no eligen ser parte, es, a la vez, la única parte que debe asumir un costo económico por participar activamente de ese proceso al que se vio arrastradas”.
También señaló: “Pero el desequilibrio no se agota en el punto de vista económico. El verdadero problema está en el fondo de la cuestión. Lo que queda expuesto, y es el eje de la situación, es que a la víctima el Estado le falla dos veces: no le da seguridad, lo que la convierte en víctima en primer lugar. Tampoco, contención. Lo que la vuelve a victimizar”.
Para la legisldora “con esta medida ampliaríamos derechos para que existan mayores niveles de justicia en el propio proceso penal: el imputado, que tiene garantizado el ejercicio del derecho a la defensa letrada, lo conserva. La víctima, que no tiene garantizado el ejercicio del derecho a la querella, lo adquiriría”.
Por su parte, Cingolani, miembro de la comisión de Justicia, señaló que “este código es el fruto del trabajo y de la discusión en comisión donde han participado todos los actores y operadores del sistema judicial. Nunca una ley consensuada conforma a todos pero esta normativa es fruto de diálogos, acuerdos y consensos entre los diferentes bloques que integran esta legislatura” y continuó “hemos escuchado a las organizaciones sociales, que nos plantearon sus propuestas y llegamos a un despacho que vislumbra un código acusatorio moderno que contempla los delitos que han sido transferidos de la Nación a la Ciudad”.
El legislador Cingolani agregó que “estamos ante un Código garante y eficaz para una mejor Justicia en la Ciudad y continuó: “lo novedoso son las nuevas medidas especiales de prueba y su aplicación para los delitos taxativamente enumerados (narcomenudeo; corrupción y prostitución de menores; proxenetismo y pornografía infantil; grooming) que justifican una investigación compleja del hecho, que debe estar fundada sobre la base de los principios de necesidad, razonabilidad y subsidiariedad, es decir si no queda otra, y todo esto bajo pena de nulidad. Las nuevas figuras que aparecen, el agente revelador; el informante, etc, cuya aplicación es bien restrictiva y no puede ser cualquiera, debe ser miembro de las fuerzas de seguridad o funcionario de investigación judicial”.
Para finalizar el legislador expresó que “este nuevo código es la herramienta que la Ciudad necesita para afrontar más eficazmente la transferencia de delitos de competencia Nacional a la órbita local. Esta reforma es un avance de importancia respecto de las garantías de todos”