Las más de 450 familias que habitaron hasta el 8 de febrero de este año el asentamiento ubicado bajo la Autopista 7, a la altura de Lacarra al 3500, cuentan con el respaldo de la cúpula del Ministerio Público, que inició un amparo contra el Ejecutivo de la Ciudad y su área de Vivienda por incumplir con una ley. NOTICIAS URBANAS pudo acceder de manera exclusiva al expediente interpuesto por "omisión" en el otorgamiento de viviendas para las familias habitantes de Villa Cartón, que ordena la ley 1.987, publicada en julio de 2006.
La medida cautelar que tramita la Asesoría Tutelar Nº 1, a cargo de Gustavo Moreno, que según fuentes judiciales tiene el respaldo de la asesora general tutelar, Laura Mussa, y el defensor general, Mario Jaime Kestelboim, no sólo pretende la ejecución de la ley; también ordena que se arbitren de manera urgente, en el lugar donde habitan, "las medidas pertinentes para garantizar adecuadas condiciones de seguridad, higiene, infraestructura, alimentación y salud de las personas, en especial aquellas menores de edad".
Los ex villeros del bajo autopista tienen a su beneficio que se declaró de utilidad pública y sujeto de expropiación a dos predios ubicados en la intersección de la avenida Francisco Fernández de la Cruz y Varela. Allí debería el Gobierno hacer las viviendas. Hasta que eso no suceda viven en viviendas transitorias en el Parque Roca.
Las familias damnificadas por el incendio fueron trasladadas en un primer momento al predio del Parque de la Ciudad. En ese momento, el secretario de la Asesoría Tutelar Nº 1 se hizo presente en el ex parque de diversiones. Allí pudo dar cuenta del estado de las familias alojadas. "No contaban con agua potable en los galpones donde estaban alojadas las familias, no había agua caliente para bañarse, no se contaba con ropa de cama adecuada, pañales, artículos de limpieza y kits escolares, deficiente escolarización de los menores".
El traslado al Parque Roca, donde se instalaron viviendas transitorias, tampoco fue mejor según el informe. En abril y en junio la Asesoría Tutelar Nº 1, con sede en la avenida de Mayo al 700, constató las siguientes irregularidades: "calles internas y circundantes de tierra, ninguna vivienda tenía agua caliente, situación de hacinamiento en las viviendas debido a su reducido espacio, instalaciones eléctricas aéreas en las unidades, anafes conectados a las garrafas mediante caños de goma, cada vivienda cuenta con tan solo una ventana, filtraciones en los techos de chapa y humedad en las paredes, presencia de montículos de residuos y roedores, falta de entrega de leche maternizada, alimentos y pañales, falta de un dispensario de salud instalado en el predio por lo que deben concurrir al Centro de Salud Nº 6, falta de vigilancia y seguridad".
La Asesoría General Tutelar, a cargo de Laura Mussa, realizó un relevamiento in situ el sábado 6 de julio. De esa visita se llegó a la conclusión que "las viviendas transitorias no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad para ser calificadas como viviendas adecuadas".
Mientras tanto, desde el Gobierno y concretamente el IVC, su presidente Claudio Freidin afirmó a NOTICIAS URBANAS: "Ya hemos comprado los dos lugares en donde construiremos las viviendas definitivas, uno en Cruz y Varela y el otro en Castañares y General Paz. Hemos definido los proyectos y contratamos la realización del estudio de impacto ambiental que nos exige la ley; apenas lo tengamos haremos la Audiencia Pública que también nos pide la ley, ya que tenemos que abrir calles y creo que podremos estar haciéndola en aproximadamente 30 días", afirmó Freidin.
También señaló que "las actuales viviendas transitorias tienen todos los requisitos básicos, distribución de agua potable, cloacas conectadas, instalaciones eléctricas individuales y con disyuntor, así como baños individuales, es cierto que son transitorias pero es muy superior a lo que tenían en la Villa", terminó Freidin.
