La discusión de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria promete convertirse en uno de los capítulos más conflictivos de la versión más acotada de Ley Ómnibus que el Gobierno enviará al Congreso. La Casa Rosada pretende resolver cuanto antes esta situación ya que, de no sancionarse una nueva fórmula en los próximos dos meses, las arcas del Estado corren serio riesgo de quedar en jaque.
Esta cuestión figura como capítulo V del bosquejo de la nueva Ley Ómnibus que el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos anticiparon a los gobernadores el viernes pasado. Allí el Gobierno propone actualizar los haberes jubilatorios de manera mensual (actualmente es trimestral) a partir del mes próximo más 10 puntos porcentuales en concepto de recomposición por la inflación de enero, mes que hasta ahora no fue computado en las últimas actualizaciones.
En efecto, de acuerdo a la fórmula hoy vigente, los jubilados y pensionados recibirán un aumento de 27,18% a partir de las variaciones de salarios y de la recaudación de la Anses entre octubre y diciembre de 2023. El Gobierno pretende cambiar este mecanismo al incorporar a la inflación como único componente para actualizar los haberes. Con una trampa: la cartera de Economía sugiere que la nueva fórmula se aplique a partir de abril tomando como índice de actualización el último publicado por el Indec, que es el de febrero. Ergo, omite incorporar el IPC del mes de enero, que trepó al 20,6%. El Ministerio de Economía accedió a incluir solo la mitad de ese porcentaje, 10 puntos.
En la ecuación del Gobierno para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas, la caída del gasto previsional resulta clave. El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Gabriel Esterelles, es contundente al señalar que, en el último bimestre, las jubilaciones y pensiones se redujeron un 33,0% interanual en términos reales y “dada su participación en la estructura del gasto, fueron las que más contribuyeron a la reducción total”.
Dicho en otras palabras, la licuación (por efecto de la inflación) de los ingresos de los jubilados y pensionados fue lo que permitió, en buena medida, que el presidente Javier Milei y el ministro Caputo puedan exhibir, con bombos y platillos, una reducción general del gasto y superávits gemelos en enero. Sin embargo, esta bonanza difícilmente pueda preservarse si se prolonga demasiado más la aplicación de la fórmula de movilidad actual. De allí la urgencia del Gobierno por modificarla.
En un eventual escenario de baja de inflación y rebote de la economía –que es el que imagina Caputo para el segundo semestre-, los salarios y la recaudación podrían crecer por encima del costo de vida, con lo cual la ecuación para el Gobierno se revertiría.
Lo advierte bien claro la OPC en uno de sus últimos informes. “En caso de que durante 2024 se verifique una desaceleración de precios, los haberes reales probablemente caigan durante el primer trimestre por el empalme y la aplicación de la formula vigente, pero luego comiencen a recuperarse en la medida que los incrementos en base a inflación pasada sean superiores a los nuevos precios. El efecto final dependerá de cuan pronunciada sea la baja inflacionaria a lo largo del año”, advierte.
En la oposición dialoguista son contestes de las urgencias fiscales del Estado y, por tal motivo, acompañarán una nueva fórmula indexatoria por inflación a partir de abril. Sin embargo, no aceptarán gratuitamente esta compensación parcial propuesta por el Gobierno por el período de enero.
Tanto el proyecto de la Coalición Cívica y como el que presentó Pro –impulsado por la diputada María Eugenia Vidal- insisten en que cualquier fórmula ajustable a la inflación que se aplique de ahora en adelante debe contemplar una compensación íntegra por la pérdida del poder de compra de los jubilados y pensionados por la suba inflacionaria de enero.
El bloque Hacemos Coalición Federal, que integra la Coalición Cívica, convocó para el próximo miércoles a sesión especial en la Cámara de Diputados para apurar la discusión del tema. Difícilmente prospere: el quorum está en duda y cualquier proyecto, sin dictamen, necesita de los dos tercios de los votos.
La UCR como Pro consideran que si el Gobierno ya anticipó que enviaría al Congreso una nueva propuesta de actualización de los haberes, resultaría inútil anticipar esa discusión. Eso sí: los bloques opositores conminarán al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a que se constituyan las comisiones para no paralizar la tarea parlamentaria.
