El jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, tendrá 20 días para reglamentar una ley que desde hace más de 1000 días espera su reglamentación. Según lo ordenó el titular del juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Juan Vicente Cataldo, el Ejecutivo porteño deberá reglamentar la Ley 2939 de asistencia y protección a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado, la cual fue sancionada en el año 2009.
La resolución del magistrado porteño responde a una acción de amparo presentada por la agrupación H.I.J.O.S. y el Observatorio de Derechos Humanos porteño, reclamando que la justicia ordene la reglamentación de la normativa que debería haberse realizado en septiembre de 2009.
Según sostuvo la Procuración General de la Ciudad, el ámbito de aplicación de la ley debe ser el Instituto Espacio de la Memoria, y una reglamentación del Ejecutivo porteño sería ?innecesaria?.
"La reglamentación de una ley no es una facultad optativa de la administración, cuando le fue ordenada", resaltó el magistrado en los fundamentos de su fallo, mencionando también que la normativa en cuestión, en su artículo 8, expresa que debe ser reglamentada. Para el juez, en el caso que el Ejecutivo entendiera que no correspondía la reglamentación, debería haber pedido a la Legislatura que modificara la ley, cosa que ?sin embargo, no lo ha hecho".
"Es la propia administración la que transgrede la división de poderes al desconocer y no acatar la obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo", sostuvo el juez Cataldo.
La normativa en cuestión establece que el Gobierno porteño debe prestar asistencia psicológica y acompañamiento especializado a los testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado, tanto en los juicios como en situaciones de urgencia.
