Todo lo que pueda incluirse dentro de la órbita de los abusos de poder por parte de las fuerzas policiales y que, a veces, resulta inimaginable para la condición humana formó parte de un estudio y posterior informe que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad realizó al evaluar la seguridad urbana de quienes viven en Buenos Aires.
Golpes, torturas, detenciones por portación de rostro, discriminación y hasta los ?famosos? allanamientos preventivos donde los bienes nunca vuelven a las manos de sus dueños. La impunidad que otorga el hecho de vestir un uniforme parece no conocer límites.
En materia de violencia policial, las temáticas más frecuentes en torno a la Policía Federal están vinculadas al abuso y las denuncias sobre deficiente desempeño de funcionarios policiales, falta de atención e irregularidades en procedimientos e ineficaz despliegue de la función pública.
Entre los casos más resonantes se cuenta el desalojo al asentamiento de la Villa 21-24, donde se radicó una denuncia penal contra el personal de la División Roca de la Policía Federal Argentina por la intervención en los hechos de violencia en avenida Vélez Sarsfield y las vías del ferrocarril, en la mañana del miércoles 10 de noviembre del año pasado.
Los testimonios recibidos daban cuenta de que los efectivos policiales habían actuado sin uniforme ni identificación y portando picanas eléctricas de mano. Del mismo modo, se actuó en el marco de los hechos de violencia registrados en la Villa 3 del barrio de Lugano y en el procedimiento llevado a cabo en un desalojo en Virrey Cevallos 1834, en el que se hospedaban numerosas familias.
La Comisaría 23 de la PFA fue denunciada por apremios ilegales a tres jóvenes, de entre 16 y 17 años, quienes manifestaron que en un procedimiento por la comisión del delito de robo en grado de tentativa los golpearon y les aplicaron descargas eléctricas con una picana. La causa se encuentra en pleno trámite y nueve efectivos policiales fueron pasados a disponibilidad y llamados a indagatoria. En la misma dependencia se investiga la muerte de otro menor a manos de una mujer policía en el marco de un supuesto intento de robo.
A raíz de las declaraciones testimoniales brindadas por mujeres de nacionalidad dominicana, también el organismo actúa sobre la Comisaría 8, investigando hechos de violencia y brutalidad policial.
Es bueno remarcar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reconocido por su trayectoria en pos de los derechos humanos, trabajó de modo conjunto en algunas instancias con la Defensoría.
Cabe destacar que las resoluciones que elabora el ente de control son notificadas a la Policía Federal Argentina, al secretario de Seguridad Interior de la Nación, al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, al procurador general de la Nación, al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y a la defensora general de la Nación.
NO ME GUSTA TU CARA
Un primer análisis de las actuaciones reseñadas por la Defensoría evidenció que, en muchos de los casos en que se procedió a la aprehensión del presunto infractor, no existían causas que justificaran la misma en los términos establecidos en la ley. La detención abusiva, conocida coloquialmente como ?por portación de rostro?, ya es un clásico.
Personal de la Comisaría 7 de la Policía Federal Argentina fue intimado a preservar las garantías constitucionales de los habitantes, dando estricto cumplimiento a los recaudos legales establecidos en la ley nacional: que la demora se prolongue sólo por el tiempo mínimo necesario para establecer la identidad; se dé noticia al juez con competencia de turno en el mismo momento del ingreso; se le permita al demorado comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza, y que las personas demoradas para su identificación no sean alojadas en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones.
Además, otro abuso de poder ocurre en torno a las demoras en la devolución de bienes retenidos en allanamientos. Tal es el caso de la denunciante que solicitó que se agilizara la devolución de los bienes que le fueran retenidos en el allanamiento efectuado en su domicilio por personal de la Comisaría 40 de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa judicial.
?Por las razones expuestas, se le hizo saber a la denunciante su derecho de iniciar la acción judicial con el objeto de reclamar la reparación de daños y perjuicios; proporcionándole copia del listado de servicios de patrocinio jurídico gratuito disponibles en el ámbito de la Ciudad?, informaron desde la Defensoría.
Del mismo modo en que desde la fuerza se presume la culpabilidad del detenido, también se suelen desestimar las denuncias penales por escrito. Tanto en la Comisaría 2 como en la Comisaría 39 de la Policía Federal Argentina opusieron reparos para recibir denuncias penales por escrito y los damnificados pidieron a la Defensoría que ejerciera una actuación.
POLICÍA METROPOLITANA
La inclusión de una nueva fuerza de seguridad dentro de la órbita de la Ciudad resultó un proceso complejo, sesgado por denuncias y presentaciones judiciales. La Comisión de Seguimiento de la Policía Metropolitana (integrada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad) realizó durante todo el año la revisión de legajos de los agentes de la Policía Metropolitana y, en cuanto a los cargos jerárquicos, se determinó que no ha existido un parámetro claro a la hora de seleccionar el personal.
Los legajos contienen información muy dispar, y en los casos de ausencia de información relevante no hay ninguna constancia de que se le haya solicitado completar la información al ingresante. Todo parece indicar que la documentación obrante en los legajos es la que el aspirante proporcionó o no proporcionó, según su voluntad.
Desde la Defensoría también se da cuenta de la ausencia de un protocolo de incorporación del personal policial prediseñado para establecer los perfiles buscados para ocupar mandos altos.
Los incorporados provenientes de otras fuerzas se reparten del siguiente modo: el 83% de los cargos altos de la Policía Metropolitana (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples) provienen de la Policía Federal Argentina (PFA), y de ese grupo mayoritario, incluidos los 4 superintendentes, casi el 80% hizo sus primeros años en la PFA en los años 70 y, mayoritariamente, en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.
En materia de arbitrariedades, se implementó una investigación sobre el accionar por parte de la Policía Metropolitana en el desalojo realizado en la madrugada del 29 de junio de 2010 en los locales comerciales ubicados junto a la estación Liniers del ex ferrocarril Sarmiento.
En ese contexto se denunció que las personas que intervinieron en el procedimiento no se identificaron, no mostraron órdenes de desalojo ni ningún documento público, que el procedimiento fue violento y avasallante, y que los efectivos policiales recurrieron a un uso desproporcionado de la fuerza, realizando, además, detenciones arbitrarias.
La discriminación por nacionalidad también fue motivo de reclamos y acciones judiciales. Una vecina denunció que personal de la Policía Metropolitana la había discriminado por ser peruana cuando caminaba junto a un grupo de personas por la calle Florida y se le acercaron dos oficiales que le dijeron que se fuera y que no la querían ver más por la zona.
Un cuadro con el que puede trazarse una analogía se dio también con un vecino que denunció que personal de la Policía Metropolitana realizó un procedimiento de identificación en forma irregular. El denunciante manifestó que se encontró con un amigo, quien le solicitó el favor de vigilar un trabajo que se estaba realizando en un departamento de su propiedad, ubicado en el barrio de Coghlan.
En momentos en que el denunciante se retiraba del edificio, dos agentes de la Policía Metropolitana, alertados por una vecina que lo acusó de provocar ruidos molestos, le solicitaron su documentación y lo obligaron a permanecer en el lugar sin justificación alguna. Ante la falta de identificación en el uniforme por parte de los efectivos de la policía citada, el denunciante les solicitó las identificaciones de ambos, así como también del procedimiento posterior, pero los agentes se negaron a identificarse y lo maltrataron verbalmente.
El uso de videocámaras en lugares públicos también mereció que la Defensoría sugiriera a las autoridades que las imágenes grabadas sólo sean utilizadas tal como dispone la ley: ?En una situación concreta?. También se recordó que las grabaciones no pueden captar imágenes de viviendas particulares o conversaciones privadas y, en caso que ello suceda, las mismas deberán ser inmediatamente eliminadas.
BAILAR CON LA MÁS FEA
Los recursos utilizados por parte del personal que se encarga de la seguridad en boliches bailables son una constante de violencia con la que deben convivir los jóvenes a la hora de divertirse.
Familiares de una adolescente denunciaron ante el organismo que, tras un accidente al caerse de una tarima, el personal de seguridad, en lugar de asistirla, la levantó y la dejó tirada en la calle. El hecho sucedió en el marco de una fiesta de egresados dentro del local tipo discoteca ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 947 de esta ciudad, denominado ?El Dorado?.
Se denunció, además, que se vendía alcohol a menores y que el personal de la entrada evidenciaba una actitud claramente discriminatoria para permitir o negar el ingreso.
Además, diferentes hechos de violencia y/o discriminación por parte de personal de seguridad privada de los locales bailables denominados ?The Roxy?, ?Evelyn?, ?Seven?, ?The End? y ?Terrazas del Este? fueron constatados por la Defensoría.
Tal es la magnitud de los reclamos que desde la repartición se consideró conveniente que se contemple la posibilidad de que el procedimiento pueda iniciarse a través de una denuncia posterior, la cual podría encauzarse a través del Sistema Único de Denuncias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
