Tras el acuerdo entre el Gobierno y los principales acreedores de títulos bajo legislación extranjera, la Cámara de Diputados convirtió el martes por la noche en ley el proyecto para reestructurar el pasivo en dólares bajo legislación local, valuado en US$41.700 millones. Uno de los puntos clave de la norma es que establece para estos deudores las mismas condiciones que les ofrece a aquellos bonistas con títulos bajo ley Nueva York.
La iniciativa contó con un amplio apoyo de la oposición, salvo de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Romina Del Plá. La votación arrojó 247 votos positivos, 2 negativos y una abstención.
En el cierre del debate, el diputado oficialista Itai Hagman cargó contra el gobierno de Mauricio Macri y enfatizó que el “principal pecado” que en materia de deuda cometió la anterior gestión “no fue la magnitud del endeudamiento”. “El principal pecado fue cambiar la composición de la deuda: dolarizaron y privatizaron la cartera de acreedores de la deuda argentina. Por eso el default”, enfatizó el legislador.
“Esta ley tiene que ser la introducción a un nuevo capítulo de nuestra historia, el del ‘nunca más’ a los ciclos de fuga y endeudamiento“, sostuvo, por su parte, la diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas.
Los diputados de Juntos por el Cambio, si bien celebraron el cierre de las negociaciones por la deuda, advirtieron sobre la necesidad urgente de que el Gobierno defina el rumbo económico para sortear la actual crisis.
“Este acuerdo mejora el acceso al financiamiento de Nación, provincias y sector privado -enfatizó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri-. La reestructuración de las deudas no es un objetivo en sí mismo. Nos permite abrir un sendero de crecimiento. El desafío es enorme en el frente externo y en el interno también. Hay que pensar qué Estado necesitamos. Qué vetas competitivas tenemos y cómo podemos exportar más”.
“Es imperioso conocer cómo se va a corregir el desequilibrio (de las cuentas públicas) -sostuvo, por su parte, el jefe de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro-. De lo contrario, este acuerdo de renegociación de la deuda quedará sólo en palabras. No hay posibilidad de sostenibilidad de la deuda sin equilibrio presupuestario”.
La norma sancionada por el Congreso incluye 29 títulos elegibles a ser canjeados, entre 15 bonos en dólares, 12 Letes y dos Lelink (letras de corto plazo que ajustan por el tipo de cambio oficial). Se trata de títulos que, en su mayoría, ya habían sido reperfilados hasta el 31 de diciembre.
La iniciativa detalla que los acreedores que no ingresen a la operación seguirán “con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021”, es decir, los posterga por un año más en caso de no ingresar.
En camino al Senado: la ley que amplía la moratoria tributaria
El Frente de Todos dejó preparado el camino en el Senado para sancionar desde la semana próxima la ley que amplía la moratoria tributaria, previsional y aduanera, tras el dictamen de mayoría que empujó el oficialismo y aliados en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que comanda el kirchnerista Carlos Caserio.
Quien blindó la iniciativa el martes en el Senado fue la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, tal como ocurrió en Diputados. Según la funcionaria, la deuda con el fisco “creció 90%”, y la moratoria implica soluciones sobre deudas exigibles por poco más de $540.000 millones de pesos. En esa línea, destacó: “Es muy relevante ya que, sin un programa de regularización, sería de muy difícil recuperación”.
Marcó del Pont desterró las acusaciones del macrismo y de otros bloques opositores con respecto a “trajes a medidas” de empresas. “Las moratorias son amnistías que sólo pueden ser habilitadas por el Congreso. Acá incorporamos a todos los sujetos y a todos los tributos, salvo excepciones que siempre han figurado en las moratorias”.
Ante la insistencia de la oposición, la titular de la AFIP también remarcó que la historia sobre empresas quebradas y sin ningún estímulo dejó como resultado recaudaciones cercanas al 3% del total, contra el 60% a la hora de activar moratorias. No sólo eso: agregó que cerca de 4.700 empresas se encuentran en condiciones de avenimiento.
Por último, la funcionaria señaló que lo que se impulsa “es un instrumento extraordinario en una situación extraordinaria”, y avaló el flamante acuerdo del Gobierno por la deuda bajo legislación extranjera, que “abre un horizonte para el proceso de recuperación” del país.
En concreto, el proyecto de moratoria establece planes entre 48 y 120 cuotas -diversos límites para sector tributario y previsional, por caso- para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio. Además, los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota del 16 de noviembre.
Por otra parte, la tasa de interés será del 2% mensual hasta enero de 2021, y luego se aplicará una tasa variable. En tanto, la iniciativa impone también que las empresas grandes no podrán distribuir dividendos ni realizar operaciones con títulos durante dos años.
También habrá premios para cumplidores. En ese sentido, para el caso del Monotributo, habrá una exención del componente impositivo para las categorías A y B de seis cuotas mensuales y consecutivas; C y D; cinco; E y F; cuatro; G y H; tres; e I, J y K, dos cuotas mensuales y consecutivas, respectivamente. En ningún caso, el límite del beneficio podrá superar un importe total equivalente a $17.500. Además, en personas humanas aumentará un 50% la deducción especial en Ganancias.
