Por estos días, la pandemia de Covid-19 se lleva los principales titulares, pero esto no logra apagar otros incendios que preexistían en nuestro país. Uno de estos fuegos, que arde desde hace muchos años, es la estructura tributaria argentina, que exige perentoriamente una nueva formulación.
Por de pronto, el impuesto a la Ganancias, que debería ser la piedra angular de los tributos, se encuentra presa de una deformación inaceptable, porque descarga todo su peso sobre los asalariados y trata con mucha liviandad a las empresas, que son las que generan las verdaderas ganancias.
Los salarios, además, en esta economía inflacionaria, pierden constantemente la carrera, porque inclusive el mínimo no imponible no se actualiza y cada vez más trabajadores quedan, entonces, atrapados en la red de una ganancia inexistente. Los empresarios, mientras tanto, ajustan sus métodos de ocultamiento y evaden sus obligaciones sin sufrir ninguna persecución por parte de un Estado que se muestra inteligente y severo con los asalariados e “ingenuo” e ineficaz con los más pudientes.
Esto ocurre, en gran parte, porque la estructura impositiva se definió durante los períodos de los gobiernos más conservadores que hasta y miraron para otro lado cuando se planteaba la imposición de un impuesto a la renta financiera.
En este país es muy fácil implementar operativos para encubrir los patrimonios, en especial porque sus perpetradores jamás son perseguidos, a no ser que haya intereses políticos o económicos de por medio.
El Shadow Banking que denunció Hernán Albistur motivó la apertura de una causa judicial que goza en estos días de una lentitud similar a la del general Ernesto Alais, que salió de Rosario a reprimir un levantamiento carapintada y jamás llegó a su destino.
Paralelamente, los titulares de las empresas off-shore que resultaron develados por el escándalo de los Panamá Papers, nunca recibieron ni siquiera una amonestación. Inclusive, pareciera que recién ahora, muy a regañadientes, el Estado se dispone a tomar alguna intervención en el caso de las casi 250 mil cuentas aposentadas en el exterior, que son propiedad de empresarios que hacen de la evasión su deporte preferido.
Una propuesta parlamentaria
El diputado sanjuanino José Luis Gioja propuso esta semana la creación de una Comisión Bicameral de Reforma Tributaria con Justicia Social, conformada por diez senadores y diez diputados, que se ocupe de redactar una “reforma tributaria integral con criterios de Justicia Social, Progresividad y Desarrollo Federal”.
“Una reforma tributaria como la que necesita la Argentina es algo muy serio como para que sea un gobierno el que la encare. Se va a necesitar un amplio consenso político que respalde la medida y que le dé el marco de confianza interna y externa y el Parlamento es el ámbito de discusión natural de este tema”, sostuvo Gioja al presentar la propuesta.
Éste propuso, en primer lugar, realizar un informe de la estructura tributaria en el ámbito nacional, que incluya la descripción de todos los tributos vigentes, sean éstos impuestos directos, indirectos, derechos de exportación, tasas y contribuciones.
Luego, el exgobernador sanjuanino planteó la necesidad de elaborar un detalle de la recaudación tributaria en los últimos cinco ejercicios y hacer una proyección de los próximo tres años, si se mantuviera la misma estructura impositiva.
A continuación, se deberían analizar los mecanismos de recaudación y los convenios internacionales sobre información fiscal vigentes con otros países y con entidades públicas y privadas.
Los legisladores deberían luego analizar las propuestas de reforma tributaria, para diseñar un nuevo tributo nacional orientado a la justicia social.
Las características que debería contemplar el proyecto, para el vicepresidente de la Cámara de Diputados, entre otros puntos, debería imponer la progresividad en todos los tributos, escalas y criterios de imposición tributaria. Además, debería proteger a los sectores más vulnerables y promover el desarrollo social, económico y productivo bajo pautas de igualdad. Supletoriamente, debería servir para fomentar la producción y el empleo nacionales y, por lo tanto, restringir las actividades productivas y empresariales ligadas a los paraísos fiscales, a regímenes fiscales con preferencias o a jurisdicciones con menor imposición fiscal.
Además, para Gioja, se deberían actualizar los procedimientos de interacción de información con otros países y con entidades públicas y privadas. También se deberían armonizar los tributos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, para reformularlos y, por último, pero no por eso menos importante, debería sentar las bases para un nuevo esquema de coparticipación federal, en los términos del Inciso 2 del Artículo 75 de la Constitución Nacional, que regula, precisamente, las atribuciones del Congreso en materia de la sanción de imposiciones coparticipables.
En este sentido, Gioja expresó que “entendemos que el progreso de la Nación y las provincias depende, más que nunca, de un nuevo contrato social tributario con equidad, es decir, diseñado a partir de la progresividad y la justicia social”.
“Ha llegado la hora de elaborar nuevas bases y puntos de partida para la reorganización social, económica y productiva”, para lo cual propuso que “deben ser eliminadas todas las distorsiones tributarias, entendiendo a aquellas, en primer término, como las que no se fundan contributiva de cada contribuyente”, escribió en sus fundamentos el actual diputado por San Juan.
Finalmente, Gioja propuso que “el sistema tributario argentino sólo puede asegurar equidad si se garantiza que cada uno –personas humanas y jurídicas- aporte en la medida de sus posibilidades. Es la progresividad en los tributos y en sus escalas la que permitirá alcanzar una redistribución de recursos más eficaz y que garantice los derechos fundamentales de los argentinos y argentinas”.
El proyecto lleva el número de expediente 186-D-2020.
