Escenario recurrente de la sección policial de los diarios y las notas que en televisión se musicalizan a lo Psicosis, la Villa 1-11-14, al sur de Flores, también ahora es noticia por ser el espacio en el que se montará un nuevo centro cultural a instancias de un proyecto promovido por la Subsecretaría de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo, a cargo de la arquitecta Bárbara Rossen, quien destaca que el organismo encabezado por Alejandro Amor se caracteriza por su política “de estar presente donde los derechos están más vulnerados”.
La iniciativa surge mediante la firma de un convenio de cooperación de la Defensoría porteña con la Iglesia Madre del Pueblo de la Villa 1-11-14, para la creación de un centro cultural, cuya financiación se concretará a partir de un fallo contra una empresa constructora, a raíz de la demolición del inmueble protegido conocido como “Casa Millán” (Alberdi 2476), antigua propiedad del apoderado de la familia fundadora del barrio, Antonio Millán, también considerado artífice de la zona oeste de la Ciudad y referente cultural de los vecinos. Tirar abajo la vivienda no implicó, explican desde la Defensoría, “la mera pérdida de un bien material sino un atentado contra el patrimonio cultural y la identidad del barrio de Flores y de la Ciudad toda y, lo que es quizás más importante, contra la cultura ciudadana”.
Por su alto valor patrimonial, histórico y cultural, la casa había sido protegida por el Código de Planeamiento Urbano en su modificación del año 2000 (Ley 449, que entró en vigor el 8 de noviembre de ese año). A pesar de ello, los propietarios de la vivienda procedieron a su demolición sin permiso, generándose en consecuencia la causa judicial que condujo al dictado de una sentencia en la que se estipuló la asignación de una partida presupuestaria para, justamente, “la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural”, como resarcimiento del daño moral colectivo que implicó la pérdida del bien cultural.
“La sentencia definitiva surge ahora y la Justicia decidió que, aunque el patrimonio no se puede salvar porque fue demolido, corresponde un resarcimiento en la medida en la que sea destinado a la preservación y difusión de la cultura en la Ciudad”, explica Rossen. “Los padres de la parroquia construyeron un centro barrial de recuperación para chicos con adicciones, y nuestra propuesta es construir el centro cultural arriba de ese inmueble para completar ediliciamente y colaborar, además, para que tengan un espacio de actividades”, precisa la responsable de la dirección y el seguimiento de la construcción del centro cultural.
El fallo de primera instancia del caso indica que se ocasionó un daño irreparable al patrimonio cultural de la comunidad, “resultando de imposible ejecución la recomposición material del bien a su estado original. La autenticidad del bien destruido de ningún modo puede rescatarse. Sin embargo, podemos hallar una recomposición del bien jurídico afectado (patrimonio cultural) mediante una compensación al daño material y moral colectivo. Este resarcimiento resultará adecuado en la medida que su destino sea afectado a la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad”.
La firma del documento se llevó adelante el 12 de este mes en el Centro de Día San Francisco, perteneciente al Hogar de Cristo de la Parroquia Madre del Pueblo, institución que realiza actividades para quienes se encuentran en recuperación por la adicción a las drogas, en un encuentro del que participaron el propio Defensor del Pueblo de la CABA, Alejandro Amor; Bárbara Rossen; la coordinadora de Programas Especiales, Mariela Martino; el director general de Asuntos Legales, Fernando Bertolotti, y el titular del Programa Defensoría del Pueblo en Villas, Federico Berardi.
Cabe agregar que el juicio contra la empresa constructora que demolió el inmueble con valor patrimonial comenzó en 2000, cuando Alicia Oliveira era la defensora del Pueblo, prosiguió en la gestión de Alicia Pierini y continuó, hasta la fecha, con Alejandro Amor, a cargo del organismo. La sentencia, tras tantos años, estableció la asignación de una partida presupuestaria para “la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural”, como resarcimiento del daño moral colectivo que implicó la pérdida de un bien cultural. En ese sentido, se prevé que la construcción del nuevo espacio cultural mencionado comience en septiembre y esté terminado en marzo de 2016. Así, cuando ese fin se consume, el barrio tendrá un nuevo ámbito para pelearle a la estigmatización de la siempre rendidora etiqueta del narcotráfico y el secuestro extorsivo.
El predio
A propuesta de la Subsecretaría de Derechos Urbanos de la Defensoría, el emprendimiento se desarrollará en un predio que pertenece al Arzobispado de Buenos Aires, lindante con la Villa 1-11-14 del barrio de Flores y que es gestionado, como se mencionó, por la Parroquia Santa María Madre del Pueblo.
Exactamente, el nuevo centro cultural y barrial se emplazaría en avenida Castañares 2218, entre avenida Coronel Esteban Bonorino y Lautaro. El lugar se encuentra afectado a un distrito de zonificación “E3 – Equipamiento Local” del Código de Planeamiento Urbano, lo que lo hace apto desde el punto de vista morfológico y de los usos. El centro cultural es asimilable a club social con instalaciones cubiertas siendo permitido en este distrito, por lo que el centro barrial puede ser encuadrado, según el Código de Planeamiento Urbano, en el uso instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social), también permitido en el distrito de implantación.
La propuesta se encuadra, por lo demás, en lo establecido en la Ley 2.930 que aprobó el Plan Urbano Ambiental.
“Es una oportunidad cultural para los vecinos”*
Esta causa comenzó hace más de 14 años, con la demolición de un inmueble catalogado perteneciente al patrimonio construido de la Ciudad, conocido como Casa Millán. Millán es considerado uno de los fundadores del barrio de Flores y su casa estaba en la actual Av. Alberdi 2476.
Su demolición generó una causa judicial que inició la Defensoría del Pueblo de la CABA en la gestión de Alicia Oliveira, continuó con Pierini y culmina favorablemente durante la gestión del actual defensor, Alejandro Amor. El dictado de la sentencia estipula una partida presupuestaria como compensación al daño material y moral colectivo por la pérdida de un bien cultural.
En el marco del trabajo que viene realizando la Defensoría con Víctor Fernández, rector de la Universidad Católica Argentina; el padre Acaputo, de la Pastoral Social, y de la decisión política del defensor, Alejandro Amor, de estar presentes donde los derechos son más vulnerables, es que propusimos para destino de los fondos de la sentencia la construcción de un centro cultural en el predio que la Parroquia Santa María Madre del Pueblo tiene en Castañares y Bonorino, lindero a la Villa 1-11-14, donde ya funciona un centro barrial.
La impronta generada por la labor social que el padre Gustavo Carrara viene realizando en el barrio merece ser acompañada y es por eso que proponemos una acción concreta y solidaria. La Villa 1-11-14 requiere de acciones concretas para la integración sociourbana. La propuesta de dotar con equipamientos e infraestructuras, en este caso, un centro cultural, colabora con la inclusión.
Hay que destacar que la cultura y la educación son elementos fundamentales para el fortalecimiento social. La construcción del centro cultural potencia la labor social que viene realizando la parroquia y abre una oportunidad cultural a todos los vecinos del barrio.
El inmueble se localiza en el mismo barrio del bien demolido, lo que implica que los habitantes de Flores serán resarcidos en su zona más vulnerable. Un acto de Justicia.
(*) Subsecretaria de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo de la CABA
