El miércoles el juez federal Sergio Torres dispuso operativos en la Secretaría General de Presidencia, en Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia y distintos organismos públicos en el marco de la causa por la venta de empresas aerocomerciales así como el otorgamiento de permisos para volar a líneas aéreas low cost.
El fiscal Jorge Di Lello realizó una investigación contra el presidente Mauricio Macri, su padre Franco, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y otros funcionarios.
En la causa se investigan la contratación del Estado de empresas aéreas para viajes presidenciales, la venta de la empresa Macair Jet S.A, la cual era de la familia Macri, y el posicionamiento en el mercado local de Avian Líneas Aéreas (compradora de la anterior) en desmedro de otras firmas.
Además se puso la lupa en la asignación de rutas aéreas operadas por Aerolíneas Argentinas a Fly Bondi Líneas Aéreas. Por otra parte, el juez Torres pidió que la Secretaría General de Presidencia informe los viajes realizados por Macri y otros funcionarios del Gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad en la flota presidencial o bien aviones de empresas privadas.
A la Secretaría General de Presidencia se le solicitó un informe sobre la licitación pública destinada a la contratación de un servicio de transporte aéreo interno para viajes protocolares o institucionales..
