El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad provocó una reacción que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta no se esperaban hace una semana, cuando se efectivizó la transferencia de la fuerza y se aumentó por decreto la coparticipación que recibe la Capital.
El pasado miércoles, un bloque de once gobernadores peronistas y dos vices reclamaron ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un reparto más equitativo de los fondos que reciben las jurisdicciones por parte de la Nación y pegaron el grito en el cielo, entre otras cosas, por el decreto 194/2016, publicado el martes 19.
Ese decreto presidencial aumentó en 168 por ciento los ingresos de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires (de 1,40% a 3,75%), porcentaje que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó en unos 9.200 millones de pesos.
El Gobierno porteño tardó apenas horas en justificar que ese dinero representaba el costo del traspaso de la Federal a la órbita porteña, pero pocos se percataron de que el aumento de la coparticipación también disparaba los recursos que recibe la Capital por el llamado fondo sojero y el programa de viviendas Fonavi.
Esa fue entonces una de las causas que provocaron el reclamo en conjunto de los gobernadores del PJ, que fueron recibidos por Peña y Frigerio en el Salón de los Escudos, de Balcarce 50. Es que el fondo federal sojero, creado por Cristina Kirchner en 2009, gira a las jurisdicciones –incluida la Capital– un tercio de la recaudación total por retenciones a las exportaciones de soja. El quid de la cuestión está en que las provincias deben transferir, a su vez, el 30 por ciento de esos fondos a los municipios, una obligación que el jefe de Gobierno porteño no tiene y, por lo tanto, los recursos le rinden más.
Por orden de Macri, fue el ministro Frigerio quien salió públicamente a reconocer el error y a admitir que se va a “escribir un nuevo decreto que corrija el anterior”.
“Vamos a hacer un decreto que corrija el anterior en términos de fondos con porcentajes de la coparticipación, como el fondo de soja o vivienda, que se agrandan si uno agranda la coparticipación”, dijo Frigerio en la conferencia de prensa que brindó tras la reunión con los mandatarios. “El objetivo del decreto solo era financiar el traspaso de la policía, no queremos que haya un incremento adicional”, dijo Frigerio, quien estuvo escoltado por el sanjuanino Sergio Uñac y el salteño Juan Manuel Urtubey.
Según pudo saber Noticias Urbanas de fuentes del Ministerio de Interior, el nuevo decreto saldrá en los próximos días con un detalle: que la suma de poco más de 9.000 millones de pesos que se transfirió a la Ciudad “solo será destinado a cubrir la logística y la operatividad de la seguridad”.
En el macrismo porteño ya se sabía días atrás del “error” que se cometió con el decreto original, pero reconocieron la rapidez del Presidente para enmendarlo y descartaron que la intención de Macri sea favorecer a la Ciudad en desmedro del resto de las provincias, justo al inicio del mandato.
“Se pasó por alto ese tema del fondo sojero, está bien corregirlo”, admitió a Noticias Urbanas un ministro del gabinete de Larreta. “No está en el espíritu de nadie de la Ciudad perjudicar a las provincias y mucho menos al Gobierno nacional”, completó el interlocutor.
La reescritura del decreto también tuvo eco en la Legislatura porteña. “Es razonable abrir la discusión [por la coparticipación]. Seguramente en nada afecte que el traspaso de la policía sea con los fondos necesarios”, apuntó en off the record un diputado del oficialismo, quien estimó los costos del traspaso en entre 12.000 y 15.000 millones de pesos.
Promesa a los gobernadores
No solamente a cambiar el decreto 194/2016 se comprometió el Gobierno ante los caciques provinciales. Frigerio también les aseguró que la Nación “se pondrá al día” con las deudas en apenas “cinco semanas” y coordinó con ellos una pronta reunión de equipos técnicos “para solucionar dos décadas de retroceso en el federalismo”. Sin decirlo, abrió la puerta a la discusión de una nueva ley de coparticipación, como ordenó la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Además de Urtubey y Uñac, a la reunión asistieron los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos Verna (La Pampa), Roxana Bertone (Tierra del Fuego) y Domingo Peppo (Chaco). Estuvieron también los vicegobernadores de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y su par de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.
Fueron los mismos gobernadores que el sábado anterior firmaron un petitorio en San Juan para exigir “un verdadero federalismo”. Según declaró públicamente Uñac, esa reunión se convocó luego de conocido el decreto que aumentó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de que esa gota rebosara el vaso, otro hecho enojó a los mandatarios del PJ: la efectivización del fallo de la Corte Suprema que en noviembre pasado ordenó devolver el 15 por ciento de los recursos coparticipables a San Luis, Córdoba y Santa Fe, provincias que en enero ya habrían recibido unos 1.300 millones de pesos más.
“Si hay plata para cuatro provincias, tiene que haber también para el resto”, se quejó el mandatario sanjuanino. La torta por la que se pelea es grande: una consultora privada estimó en $80.000 millones el total que percibirían las provincias por el 15 por ciento.
Obras por leyes
Más dinero para sus arcas no será un beneficio gratuito para las provincias. “Transferir más recursos significa que la contraparte asuma más responsabilidades”, dijo Frigerio, quien agregó que los gobernadores deben “ser responsables sobre los bienes y servicios públicos que el Estado nacional les da a las provincias”.
El ministro admitió que la Nación le debe a las provincias 10.000 millones de pesos: unos 7.000 millones en obras de infraestructura y unos 3.000 en planes sociales. Esa deuda se saldaría “en cinco semanas”, dijo Frigerio, lo que da a entender que el oficialismo buscará llegar en buenos términos con las provincias al inicio del periodo ordinario de sesiones.
El nuevo gobierno tiene el desafío de avalar en el Congreso, lo más rápido posible, algunas cuestiones clave: entre ellas está el nombramiento por decreto de los jueces de la Corte, levantar la ley cerrojo para mejorar la oferta a los fondos buitre y conseguir autorización para tomar nueva deuda.
Frigerio negó en la conferencia de prensa intercambiar “obras por leyes” con los mandatarios, pero en el oficialismo se reconoce, por lo bajo, que los gobernadores son la llave para destrabar un Congreso donde Cambiemos no tiene mayoría propia, tanto en Diputados como en el Senado, y el kirchnerismo duro no da el brazo a torcer.
En el resto del peronismo, en cambio, las expresiones fueron más explícitas y benévolas hacia el gobierno de Macri. “Somos parte de una fuerza política que está dispuesta a colaborar en las acciones que hagan que a la Argentina le vaya bien”, dijo el salteño Urtubey, quien habló de “dotar de herramientas al Presidente” para que gobierne. “Creemos en la gobernabilidad, que es un ida y vuelta”, completó Uñac.
Claro que no habían pasado inadvertidas en la reunión en la Casa Rosada las declaraciones del jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto (Río Negro), que horas antes de la cumbre entre Frigerio y los mandatarios ofreció al Gobierno apoyo legislativo a cambio de fondos para las provincias.
“Que se garantice la asistencia financiera, en el marco de un acuerdo de gobernabilidad de la Nación con los gobernadores, y que ese acuerdo contemple las necesidades legislativas de la agenda del Gobierno nacional”, afirmó Pichetto.
En esa negociación política se enfrascará el oficialismo en las próximas semanas, justo antes de que el calendario llegue al 1 de marzo y Macri inaugure su primera Asamblea Legislativa como presidente.
