El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri analizó la situación de la Argentina con los fondos buitre a una semana del plazo que tiene el país para pagar y evitar volver a caer en default.
“Si discutimos lo que es o no es default, ya perdimos la discusión”, señaló el funcionario, en alusión a las declaraciones de la Presidenta que aseguró que “la Argentina no va a caer en default” y que, por ello, se va tener que “inventar un nombre nuevo” para explicar la situación de la Argentina.
En diálogo con el programa A Dos Voces, que se emite por la señal TN, el líder del Pro expresó que hay que negociar en el juzgado del juez de Nueva York, Thomas Griesa, “las mejores condiciones para la Argentina y resolver el problema”.
Macri se refirió así a la decisión que el martes tomó Griesa, que instó a la Argentina y a los holdouts a negociar “de modo continuo y hasta que haya un acuerdo”, para hacer cumplir su orden que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares y en efectivo.
A pocas horas de que se reúnan el mediador judicial Daniel Pollack con los fondos buitre NML Capital y Aurelius, y luego de que Griesa rechazara un nuevo stay, Macri dijo que “hay que cumplir el fallo judicial, aunque nos disguste”.
“Estoy preocupado, pero el Gobierno sabe que lo tiene que resolver. Caer en default va a traer muchos problemas. Esta discusión ya se agotó, hay que resolver este tema, y no castigar a los argentinos con un problema de incumplimiento. Lo importante es hacer lo que es mejor para la gente, que no tengamos otro default. Que el mundo diga la Argentina cumplió“, finalizó Macri.
En Balcarce 50 admiten el escenario de un default -aunque no aceptarán nombrarlo así- a partir del miércoles 30, dentro de seis días.
La cláusula RUFO (rights upon future offers, por sus siglas en inglés) vence en diciembre próximo. Habilita a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 -el 92,4% de la deuda, que cobra con quita del 65%- a reclamar igual trato si a otros acreedores se les reconoce el 100%. Según el Gobierno, si se disparara esa cláusula, el Estado podría enfrentar reclamos por US$ 120.000 millones.
