Por iniciativa del legislador por Vamos Juntos, Claudio Romero, la Legislatura de la Ciudad aprobó este jueves sobre tablas una reformulación de las condiciones de atención de salud, capacitación, trabajo y remuneraciones a los familiares y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en 2004 en el salón “República de Cromañón”, en la que murieron 194 personas.
Romero reconoció en principio “la lucha” llevada adelante por el grupo damnificado para lograr la continuidad de la asistencia estatal, aseveró que “la queja es para los débiles y la lucha para los valientes” e instó a los chicos “a seguir luchando”.
También anticipó que los montos mensuales fueron ascendidos en un 70%, por lo cual los familiares de los fallecidos percibirán a partir de ahora la suma mensual de $11.000 pesos (148) y $6.000 cada uno de los 1644 sobrevivientes.
El Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, que siguió en todas sus instancias el proceso de renegociación para modificar aspectos sustanciales de la Ley 4.786 y su texto consolidado por Ley 6.017, aseguró que con las modificaciones el Estado porteño “deberá diseñar e implementar acciones políticas y programas de salud coordinados” con el propósito de garantizar “la accesibilidad, integralidad, universalidad, periodicidad, asistencia y seguimiento interdisciplinario y continuo de los beneficiarios”.
De ese modo quedarán asegurados “los tratamientos, medicamentos y prácticas médicas”, particularmente referidos a la salud mental, los controles neumonológicos, los tratamientos oncológicos y traslados prescriptos.
En cuanto a la Capacitación Laboral ahora se extenderá a la “incorporación de beneficiarios que posean proyectos productivos o desarrollen actividades relacionadas con la economía social a los programas de “Formación e Inclusión para el Trabajo” y al “Programa Municipal de Microempresas”, con el propósito de mejorar las condiciones laborales, financiar y estimular la generación de proyectos productivos, adquirir nuevos oficios, etc..”
Se creó a la vez una Comisión de Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de estas modificaciones con representantes del Poder Ejecutivo, entidades de la sociedad civil y del Poder Legislativo, que deberá presentar informes públicos sobre las acciones y su cumplimiento.
Como saldo posterior a la tragedia ocurrida el 30 de octubre de 2004 se verificaron 18 suicidios y muertes de familiares por enfermedad ocurrida en consecuencia de ese lamentable evento.
Finalmente, el diputado Romero destacó que frente a episodios como el de Cromañón, “el tiempo aconseja actualizaciones, como la realizada con este proyecto de ley a pocos meses de vencer los plazos establecidos por la ley 4.786, sancionada en 2013”.
A su juicio, “si bien una ley no puede cubrir el inmenso vacío que quedó en más de 2.000 hogares a causa de incumplimientos, quedó demostrado en esta instancia que se pueden alcanzar nuevos acuerdos a través del diálogo y el consenso, tras los cuales hemos llegado a conocer íntimamente a los damnificados y hasta generar nuevos vínculos de amistad con varios de ellos”.