La vicepresidenta Cristina Fernández ya no podrá acercarse a la multitud de manifestantes que hasta ahora se concentran frente a su departamento de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de la Recoleta.
Así se lo aconsejó su jefe de custodia, el comisario inspector retirado de la Policía Federal, Diego Carbone. La Vicepresidenta no se comprometió a hacerlo, pese al intento de asesinato que sufrió el jueves por la noche, el foco de atención se corrió hacia su seguridad personal.
Fuentes del ministerio de Seguridad de la Nación, de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA; el Gobierno resolvió, reforzar la seguridad en las inmediaciones del edificio en el que vive la Presidenta Provisional del Senado.
Según se informó estarán vestidos de civil, y su objetivo, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, observarán cualquier movimiento extraño que pueda existir en la zona. El refuerzo “no serán menos de 20 agentes”, asegura uno de los comisarios consultados.
Es posible que el mismo operativo se realce en los alrededores del Instituto Patria, ubicado en Rodríguez Peña 80, lugar dónde suele ir la ex jefa de estado, aunque cada vez con menos frecuencia ya que en los últimos meses concentra sus reuniones en su despacho del Senado de la Nación o en su departamento.
Desde el ministerio de Seguridad informaron que la decisión de ampliar la custodia de la Vicepresidenta con fuerzas federales tiene dos objetivos: observar cualquier acto extraño en la zona, pero también para evitar incidentes como los que ocurrieron el sábado pasado cuando militantes kirchneristas violentaron el vallado colocado por la Policía de la Ciudad.
Según la información oficial, el refuerzo de seguridad para proteger a la Vicepresidenta fue ordenado por Aníbal Fernández, e informado y consensuado con Alberto Fernández y ella misma. Una vez aprobado, el ministro de Seguridad de la Nación impartió las instrucciones en persona al jefe de la Policía Federal, el Comisario General Juan Carlos Hernández.