El ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió este martes a la protesta que encabezan un grupo de detenidos en el penal de Devoto en repudio a la reforma de la Ley 24.660, que regula las salidas transitorias de presos por delitos graves.
En este marco, consideró que la medida de fuerza tiene “intencionalidad política” y manifestó su sorpresa porque es promovida por integrantes del CUD, un Centro Universitario que se creó con el objetivo de instruir a las personas detenidas en distintas carreras de grado.
“Es algo insólito que no existe en ningún lugar del mundo, porque no es un motín ni una toma. Es una protesta ligada al CUD, que es un lugar que se presta a distintas participaciones políticas o ideológicas; asociamos la protesta a un sector que buscar generar ciertas agitaciones”, planteó el funcionario nacional.
Luego, agregó: “Yo entiendo que son las secuelas de esa actividad (Vatayón Militante) que se ejerció durante varios años”.
Vatayón Militante es una agrupación que se hizo famosa por garantizar la presencia de presos en actos políticos del Frente para la Victoria. Se disolvió en 2015, después de haber protagonizado varios escándalos.
Creada en el año 2008, en medio de la guerra del Gobierno con el campo, la agrupación saltó a la fama en junio del 2012 cuando una investigación reveló que Vatayón sacaba presos, muchos de ellos peligrosos violadores y con sentencias por asesinato, para llevarlos a los actos.
Eduardo Vázquez, el exbaterista de Callejeros, condenado por matar a su esposa prendiéndola fuego, fue uno de estos reclusos liberados y se lo pudo ver tocando el bongo en uno de los eventos mencionados.
En el momento de la difusión de esta noticia, fueron decenas los políticos que pidieron la remoción de Víctor Hortel, entonces jefe del Servicio Penitenciario. El funcionario, quien finalmente dejaría su puesto tras otro escándalo, la fuga de 13 presos del penal de Ezeiza a mediados del 2013, fue denunciado en la Justicia por permitir que los presos participaran de estos eventos sin permiso de los jueces y sin custodia policial.
“Ni siquiera se trata de una ley que los afecta a ellos, son leyes hacia adelante que no se pueden aplicar retroactivamente”, graficó Garavano.
