Para la Corte porteña las dificultades financieras comprometen la independencia judicial

Para la Corte porteña las dificultades financieras comprometen la independencia judicial

El presidente del TSJ porteño, Luis Lozano, planteó que “tener una dificultad financiera es muy comprometedor a la hora de dictar sentencia”. El Ministerio Público también presentó su plan de gastos.


La independencia financiera del Poder Judicial de la Ciudad para garantizar la independencia de los tribunales es un reclamo que por años realizan las máximas autoridades de la justicia del país. En una línea similar a la expuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Luis Lozano, planteó las consecuencias negativas que se pueden generar debido a la dependencia financiera de la justicia del sector político.

“Tener una dificultad financiera es muy comprometedora a la hora de dictar sentencia”, remarcó el magistrado en su presentación del plan de gastos para el 2013 del TSJ ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña.

En su exposición, y tras detallar un presupuesto de 92.998.108 pesos, de los cuales más de 77 millones tendrán como destino el pago de salarios, 9 millones para gastos de consumo y 5 millones para inversión directa, Lozano explicó que el año próximo “el tribunal tendrá gastos extras en un encuentro de Tribunales Superiores provinciales que voy a presidir porque nos han visto condiciones federativas”.

“Hemos tenido que abordar costos en viajes por el territorio argentino que no son gastos grandes pero sí son significativos en un Tribunal con el presupuesto que contamos”, destacó el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Lozano. Sobre el tema de elecciones locales que tendrán lugar el año próximo, el magistrado señaló que “a pesar de que no está especificada cuál va a ser la tarea que tiene que abordar el Tribunal, consideramos que debemos contar con la partida necesaria para poder anticipar las funciones que deberemos desempeñar”.
Encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Rogelio Figerio (PRO), y ante la presencia de los legisladores Carmen Polledo, Karina Spalla, Alejandro García, Jorge Garayalde, Lía Rueda, Oscar Moscariello, Martín Ocampo (PRO), Aníbal Ibarra (FPyP), Rocío Sánchez Andía (CC), Jorge Raffo y Claudia Neira (PSur), la reunión continuó con la exposición del titular del Ministerio Público Fiscal.

“La Fiscalía es uno de los 3 organismos que integra el Ministerio Público, tratamos de tener prioridades, el acceso a la justicia y los derechos humanos, desplegamos las fiscalías en los barrios, extendimos el horario de atención. La Fiscalía recibe un gran número de denuncias, se han recibido más de 65 mil consultas, el 70 % directas a la fiscalía, lamentablemente gran parte de estas tienen que ver con la violencia doméstica y de género, es algo que nos preocupa mucho, estamos capacitando a grupos de fiscales. Realizamos una campaña conocida como Tus Derechos, hicimos una campaña en subte. Para 2013 tenemos un fuerte aumento en la cantidad de fiscales, hay un crecimiento de más del 60 por ciento, esto y el cumplimiento de la Ley 3318 pone al Ministerio Público en una compleja situación en cuanto al pago de haberes, tenemos 54 fiscales, y sólo se creció un 30 por ciento en el presupuesto”, planteó el Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, en la presentación de su plan de gastos para el año 2013.

A la hora de las preguntas, los legisladores Ibarra, Raffo y Neira plantearon dudas sobre la forma en que se realizará la trasferencia de personal desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad al Ministerio Público, sobre el funcionamiento del sistema informático y sobre el cumplimiento del porcentaje de personas con discapacidad que trabajan en la Fiscalía.
Garavano remarcó “superan las 200 personas” las absorbidas por el Ministerio Público Fiscal provenientes del Consejo; destacó que “en la Fiscalía hemos cumplido con el cupo del 5 % del personal del Planta con discapacidad, para nosotros es un tema prioritario”; y mencionó que “salvo las compras, toda la gestión del MPF se hace a través del sistema llamado ombú y no hemos tenido problemas con la implementación”.

Un punto aparte se generó ante las preguntas de Julio Raffo sobre los procedimientos de desalojo que se desarrollan en la Ciudad. “Los primeros intrusos fueron José y María en Belén. Por suerte no existía ese protocolo de actuación de los fiscales sino hubieran sido desalojados”, dijo el presidente del Bloque Proyecto Sur. “En las usurpaciones operan organizaciones delictivas que avanzan sobre las poblaciones más vulnerables. Cuando hay procesos electorales las usurpaciones suben, cuando no las hay, bajan”, subrayó Garavano, remarcando que los legisladores “deben tener presente a la víctima de la usurpación” que “en gran medida pertenecen a los grupos más vulnerables de la sociedad”.

La reunión continuó con la presentación del presupuesto diseñado para el Ministerio Público de la Defensa. El Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim subrayó que “todos los años nos encontramos ante la misma situación en cuanto al presupuesto, el Poder Ejecutivo reduce sustancialmente el importe que solicitamos y luego la Legislatura parte la diferencia”.

“Los dineros que nos asignan han sido objetos de plena y completa ejecución, en 2011 ejecutamos el 99 por ciento, en 2012 llegaremos al 99 por ciento. En cuanto a los logros, podemos destacar la creación de unidades especiales, la descentralización de las oficinas de orientación al habitante, la puesta en marcha de la Oficina de Asistencia Técnica, la ampliación del equipo de mediación, los convenios de intercambio con entidades internacionales, la participación activa en la regularización electoral de las juntas vecinales en villas, etc. En nuestro presupuesto tenemos un recorte de casi el 21 por ciento, la incidencia es del 0,60 por ciento del presupuesto total de la Ciudad”, remarcó Kestelboim.

Finalmente, la Asesora General Tutelar, Laura Musa abogó por un presupuesto sin la quita del 20 por ciento efectuado por el Ministerio de Hacienda al elevar el proyecto a la Legislatura. “Hay un desfinanciamiento global para las actividades programadas en 2013, hay una insuficiencia de recursos presupuestarios para el pago de la planta actual y un bloqueo económico para poder dar cumplimiento a los objetivos institucionales del Ministerio Público Tutelar en perjuicio del acceso a la justicia de niños, niñas, etc. Por otro lado hemos innovado en la creación de la figura del Abogado del Niño con la efectivización del derecho constitucional de la defensa, una de las pocas jurisdicciones que tiene institucionalizado esta figura. Hay una nueva base de datos para el registro y monitoreo de las institucionalizaciones de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad”, concluyó Musa.

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