Este jueves, el máximo tribunal federal rechazó un pedido de aclaraciones presentado por los abogados del Estado en el marco del expediente por el que se determinó que el costo fiscal de la rebaja del IVA del impuesto a las ganancias no debía impactar sobre las arcas provinciales, sin solventarse con recursos de nación.
Nuevamente el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz votó en disidencia, pero Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti rechazaron el pedido debido a que no detallaba cual era la supuesta “complejidad técnica”, ni las “dificultades” que la entrada en vigencia de las medidas adoptadas por el tribunal en el fallo anterior pudiera tener.
Los jueces recordaron además que “como se afirma en la propia presentación del Estado Nacional, es el Presidente, como jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a cumplir de forma efectiva lo resuelto por el Tribunal”.
Además, esta vez puntualizaron que el Poder Ejecutivo debió haber cuantificado y proyectado los eventuales costos de la implementación de la medida antes de establecerla por decreto, lo que puede interpretarse como una crítica directa al presidente Mauricio Macri por firmar un decreto que modificaba de hecho los recursos de los estados provinciales.
En ese sentido, los jueces advirtieron que el fallo anterior no le cierra la puerta al diálogo entre el Estado Federal y las provincias, por lo que el gobierno nacional podría iniciar una ronda de consulta para intentar acordar cómo se financiará el costo fiscal de las medidas y de qué manera compensar a los estados locales que perderían recursos.
Hay que recordar, que la primera semana de octubre, la Corte estableció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el gobierno nacional luego de las elecciones primarias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.
