Luego de tres intentos fallidos, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal obtuvo el dictado de una medida cautelar suspendiendo la elección de consejeros para la Magistratura Nacional. Según informó el CPACF, este 6 de junio, el juez federal Esteban Furnari resolvió hacer lugar a una acción de amparo impulsada por el presidente de la institución que nuclea a los abogados porteños, Jorge Rizzo, y, tras declarar la inconstitucionalidad de una de las recientes reformas sobre las medidas cautelares, ordenó la suspensión de aquellos artículos de la modificación del sistema de designación de consejeros de la magistratura nacional que implican la elección de representantes de jueces académicos y abogados por medio del voto popular.
El juez federal en su resolución declara en primer término “la inconstitucionalidad del informe previsto en el artículo 4º de la ley 26.854 (aquella que modificó las medidas cautelares), y su consecuente inaplicabilidad al caso de autos”.
Tras considerar inconstitucional el requisito de “requerir a la autoridad pública demandada que produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido en la solicitud”, el juez Furnari hizo lugar “a la medida cautelar solicitada por Jorge Rizzo y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra el Estado Nacional, disponiendo la suspensión de los efectos de los artículos 2º, 4º, 6º, 18º y 30º de la ley 26.855b (modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación), así como de su aplicación y puesta en práctica mediante cualquier otra norma dictada o que se dicte en su consecuencia, incluida la respectiva convocatoria a elecciones primarias”.
En el amparo impulsado por el CPACF, Rizzo resaltó que tanto la reforma de la ley de medidas cautelares como la del Consejo de la Magistratura Nacional “comportan una inexcusable violación al orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional, procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional frente a la conducta ilegítima y arbitraria del Estado Nacional”.
Ante los varios fallos que cuestionan la reforma del sistema de designación de consejeros, el Gobierno Nacional podría acelerar vía el per saltum, la intervención de la Corte Suprema de Justicia con la esperanza de lograr un fallo que sustente la elección por el voto popular de los consejeros en representación de jueces, abogados y académicos, y así poder cumplir con los plazos establecidos en el cronograma electoral.