En la causa por lavado de dinero a través de la financiera SGI, motejada como La Rosadita, que es propiedad de Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió al juez que investigue a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, al expresidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega y al empresario de la construcción, Carlos Wagner.
Las razones de la solicitud de Marijuán para ampliar la acusación nacieron de las declaraciones de Leonardo Fariña, que trascendieron sólo parcialmente, ya que el fiscal terminó la indagatoria al excontador de Báez y viajó inmediatamente a los Estado Unidos, a la vez que quedó impedido de hablar sobre la causa hasta que avance la instrucción.
Las referencias que hizo Fariña contra la expresidente le fueron referidas a través de terceros: el conocido “me dijo” o “escuché decir”. Por ejemplo, escuchó a Báez afirmar que Cristina lo había acusado de robarle la plata a Kirchner cuando la sacaba del país. Además -siempre según Fariña- escuchó a Báez relatar que Cristina le preguntó si era verdad que sacaba plata del país.
De todos modos, Fariña también aclaró que nunca tuvo una relación personal con la expresidente, aunque aseguró que sí tuvo trato personal con Néstor Kirchner. También declaró que el enojo de la expresidente con Báez se tradujo en que no recibió nuevas adjudicaciones de obra pública. Siempre de acuerdo a lo que le escuchó decir a Báez, dijo haber sabido de primera mano cómo se adjudicaban las obras públicas durante el kirchnerismo.
Algunas fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el requerimiento de investigación sobre la expresidente, teniendo en cuenta que las maniobras de dinero que detalló Fariña en su declaración imputarían sólo a Lázaro Báez y su hijo Martín. Fariña dio detalles de la metodología utilizada para fugar capitales al exterior y aclaró que el vínculo del que él podía hablar era el que unía a Báez con Néstor Kirchner, por la amistad entre estos dos.
Aquí declaró que las adjudicaciones de obra pública a las empresas de Báez fueron menores desde el fallecimiento del expresidente, informando que desde entonces la fuga de capitales al exterior se acentuó.
Es impredecible el giro que tomará la causa de ahora en más, lo que sí es seguro es que la investigación hasta ahora no ha arrojado evidencias contundentes acerca de la culpabilidad de la expresidente, más allá de algunos titulares en la prensa. Hasta ahora ha habido algunas imputaciones logradas a través de testimonios, pero no se encontró prueba documental, que si se hallara, sería claramente inculpatoria y sería difícil para la exmandataria contradecirlas.
También resulta una desprolijidad el hecho de que Fariña haya permanecido preso por dos años, contradiciéndose permanentemente, presentando escritos que desmentían declaraciones anteriores y zigzagueando entre la verdad, la mentira y la duda.
Así, el 17 de febrero de este año, el procesado exmarido de Karina Jelinek planteó que “no necesito de una ley del arrepentido para colaborar en la Justicia” y que “siempre me ajusté a derecho” y que, menos aún, “estoy protegiendo a nadie”. Desmintiendo esta declaración, Fariña solicitó que se le permita acogerse a los beneficios que otorga la ley del arrepentido.
Pero anteriormente, el 12 de marzo de 2015, en un diálogo telefónico con Canal 13 sostenido desde la cárcel, el mediático contador sostuvo que la cámara supuestamente oculta que le hizo Jorge Lanata “fue totalmente pactada” y que su objetivo era cobrar una deuda. Explicando su acuerdo con el periodista de Canal 13, reconoció que “me asesoraron de una manera que no me benefició” al aceptar realizar esa serie de entrevistas.
Según el testimonio, en el que desmintió anteriores declaraciones suyas realizadas en sede judicial, acusó en cámara a Lázaro Báez de lavar dinero como parte de una estrategia “jurídico-mediática” que le sugirieron sus abogados -que al momento de presentar este escrito ya no lo eran- Horacio Petracci Torre e Iván Mendoza. El objetivo era extorsionar a Báez para que le pagara “honorarios profesionales” que le adeudaba.
Recalde: “No hay elementos probatorios”
Una vez conocidos los trascendidos acerca de las declaraciones de Fariña, el presidente del bloque Frente Para la Victoria en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde aseguró que la imputación contra la exjefa de Estado “no tiene sustento jurídico” y detalló que “escuchar a un hombre que dice que está arrepentido y hace dos años que está preso, da lugar a sospechas”, en clara relación a la reciente declaración de Leonardo Fariña, que generó la imputación de Cristina Kirchner y otras 15 personas, entre las que se encuentra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Recalde destacó además que “no hay elementos probatorios” y que la decisión del fiscal Guillermo Marijuán -que fue el organizador de una marcha “del silencio” para denunciar que la muerte de Alberto Nisman acaeció como resultado de un asesinato- le pareció “por lo menos, muy apresurada”, para rematar que, a su juicio, “la imputación a raíz de la declaración de Fariña me parece muy débil”.
Stolbizer: “Hay que ver todo el circuito del dinero”
La diputada del Gen, Margarita Stolbizer, por su parte, expresó que “creo que las causas de Hotesur y el fideicomiso del Banco Nación se tienen que unir. Hay que ver de manera completa el circuito del dinero”.
Hablando ante los micrófonos de Radio Mitre, Stolbizer afirmó que “estoy convencida de que en estas causas, Cristina Kirchner va a estar directamente involucrada”, aunque confesó que no conoce los pormenores de la causa del dólar a futuro, por la que la expresidente declarará el miércoles próximo ante el juez Claudio Bonadío.
De todos modos, refiriéndose a la relación que une a Lázaro Báez con la familia Kirchner, Stolbizer sostuvo que “tienen una sociedad y una evolución patrimonial que van en paralelo”.
Los últimos movimientos
En el marco de la causa, a las nueve de la mañana de este domingo culminó el allanamiento en la escribanía Albornoz, cuyo titular, Ricado Albornoz, lleva los asuntos dominiales de Báez. Los gendarmes, que se presentaron en el lugar por orden del juez Sebastián Casanello, se llevaron cajas con documentación de la sede del estudio, ubicado en un primer piso de Zapiola 184, en Río Gallegos.
Antes, el sábado a las 23:30, los uniformados que se allegaron hasta la escribanía debieron pedir modificaciones en la orden judicial, que contenía algunas imprecisiones.
