Por medio del Decreto presidencial 873/16, la Nación le transfirió a la ciudad los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la ley penal. Tanto palabrerío destapa (u oculta) la transferencia de los centros de detención de menores, que conforman un mecanismo incómodo, sean éstos de régimen cerrado o de régimen semiabierto. Estos centros de detención albergan a los menores y adolescentes que caen bajo la tutela judicial por infringir las leyes penales.
Según José Machain, que es consejero por Legislatura en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el problema es que “como ya señaláramos en su oportunidad, el traspaso debiera haberse hecho desde el área de niñez de Nación (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) al área de niñez de Ciudad (Dirección de Niñez y Adolescencia)”.
El nudo del problema es que, de ahora en más, el área de institutos penales para jóvenes quedará bajo la órbita, no de la Dirección de Niñez y Adolescencia, que está en manos de Gabriela Francinelli, como le recomendaron los especialistas a la titular del Consejo, Karina Leguizamón, sino que quedará a cargo de ésta misma.
Machain asegura que “no resultaría conveniente que quedara esta transferencia bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, ni que tampoco el CDNNyA asuma la gestión y responsabilidad sobre estos dispositivos. Este Consejo es un organismo de protección de derechos humanos de las infancias, de tal forma que quedarán así desvirtuadas las funciones que le asigna al Organismo la Ley 114, que establece la obligatoriedad de denunciar ante las autoridades judiciales las infracciones a leyes vigentes en materia de derechos de infancias. Esto llevaría a la incongruencia de que la Presidencia del CDNNyA, ante una posible violación de derechos de los adolescentes que ocurran en algún centro que administra, deba denunciarse a si misma. ¿Se denunciará a sí misma Karina Leguizamón?”.
De esta manera, Machain insiste en que “desoyendo todas las opiniones de especialistas, el Gobierno del Pro en la Ciudad ha dañado profundamente el sistema de protección de derechos de infancias, que otrora fuera referencia nacional y regional, al decidir que los dispositivos penales juveniles recibidos de Nación, sean gestionados bajo la responsabilidad del CDNNyA”.
“Esta decisión se ha tomado desoyendo y contradiciendo las diversas opiniones que recomendaban todo lo contrario, como las que emitieron quienes fueron convocados al último Plenario del CDNNyA el 30 agosto pasado”, manifestó el especialista, que se quejó por “una lamentable noticia que significa un retroceso en el sistema de protección de infancias, al disponer que un Organismo de Derechos Humanos se trasforme en el carcelero de aquellos a los que debe garantizar que no se vulneren sus derechos”, señaló el representante legislativo ante el CDNNyA.
Machain reclamó que “la Legislatura porteña debería abocarse a revertir tan nefasta decisión. Sería imperioso que la Legislatura tenga oportunidad de revisar lo acordado en el Acta del traspaso, al igual que lo hecho con el proceso de traspaso emprendido en el año 2007, de los servicios de atención directa de Protección de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. En su oportunidad, la Legislatura sancionó la Ley 2339 de ‘Aprobación Acta Acuerdo entre Ministerio de DDSS Nación (SENNAF) y la CABA”, por la que se aprobó el Convenio N° 26/2006″.
En la notificación que el CDNNyA envió a su Consejo Asesor, informó que de ahora en más ese organismo administrará “los centros de régimen cerrado José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel Roca; el centro de admisión y derivación Úrsula Llona de Inchausti; las residencias socioeducativas Almafuerte, Juana Azurduy y Simón Rodríguez y el dispositivo de supervisión y monitoreo. Los equipos profesionales y administrativos que ya vienen trabajando en los centros ahora transferidos, continuarán con sus tareas habituales bajo la responsabilidad del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizándose de esta manera su continuidad laboral. Se trata de trabajadores con vasta experiencia en la temática, profundo conocimiento de la población con la que se trabaja y comprometidos con el respeto y exigibilidad de los derechos del niño y adolescente”.
Machain opinó que “esta decisión da por tierra con el sistema de protección de los derechos de los chicos y los jóvenes. Es un gran retroceso. A esto se suma que la gestión del Pro desfinanció en los últimos años al Consejo, en relación a sus necesidades reales. Este traspaso agrava seriamente esta situación”.
