La reglamentación de la ley anti bullying continúa pendiente

La reglamentación de la ley anti bullying continúa pendiente

“Por cuestiones de agenda”, la reglamentación de la norma que fue sancionada hace 8 meses sigue siendo una asignatura pendiente. Mientras tanto, el bullying sigue cobrándose víctimas en las escuelas.


Nuevamente un caso de violencia escolar vuelve a sacudir a la opinión pública. En este caso, con desenlace fatal.

El último domingo, Naira Cofreces, de 17 años, falleció en Junín, producto de una golpiza brutal que un grupo compañeras le propinó. Eran tres. ¿El motivo de semejante salvajada? “Se hacía la linda”, dicen.

Por lo que se presume, se trata de un caso de bullying.

¿Qué es el bullying? Según explica el Grupo CIDEP-Equipo Bullying Cero Argentina, el término viene de la palabra “bull”, que significa toro. Es decir, que se podría traducir como algo semejante a “torear”.

Esta conducta de hostigamiento o persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro, a quien se elige como blanco de repetidos ataques, es el reflejo de la violencia y división social con la que se vive hoy en día.

Y de la cual el Estado aún no tiene cifras al respecto, ni sobre cuáles son los factores que la originan, cuántas son sus víctimas, cuáles son sus consecuencias y dónde se concentran la mayor cantidad de casos.

Eso sí, el último 11 de septiembre, el Congreso Nacional sancionó, por iniciativa del kirchnerismo –a través de la diputada Brawer-, con colaboración del Pro y el apoyo del Frente Amplio, la ley 26.892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas.

Una herramienta que a pesar de que –evidentemente- no le hubiese salvado la vida a Naira, sí hubiese sido útil a la hora de trabajar en la prevención de estos actos de salvajismo atroz.

Por ejemplo, a través de la línea 0-800, que la ley contempla, se podría dar contención a las víctimas, recabar información para generar datos “duros” sobre la cuestión y brindar la asistencia necesaria.

Como también, los docentes podrían contar con una guía de apoyo y acción, que les permita detectar y abordar los casos de violencia escolar. En tanto que la comunidad educativa, tendrían la posibilidad de recurrir a sanciones –reguladas por el ministerio de Educación de la Nación- que se encarguen de condenar la violencia en su justa medida.

¿Por qué el potencial a la hora de hablar de una ley ya sancionada por el Congreso? Por que la reglamentación necesaria para que la normativa entre en vigencia, continúa a la espera de la firma de la Presidente Cristina Kirchner.

Por lo que tanto miembros de la comunidad educativa, como víctimas y victimarios, continúan “a la buena de Dios”.

El director del área de diversidad de la Fundación Pensar, Píter Robledo, quien tuvo un activo rol a la hora de amalgamar el proyecto K con los aportes del Pro, mantuvo hace dos semanas un encuentro con la Presidente y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Durante la reunión, el militante “estrella” del macrismo consultó y reclamó por la regularización de la ley. Sin embargo, sólo pudo llevarse poco más que una promesa.

Ya que “por problemas de agenda”, la reglamentación “se pasó” y se espera que sea llevada a cabo “antes de fin de año”. Mientras tanto, y a pesar de la falta de estadísticas oficiales, el número de víctimas continúa acrecentándose.

Para Robledo “no hubo mala voluntad”, pero si ineficacia y una alta dosis de negligencia por parte del Gobierno. “Hace 10 años que están y las cosas se les siguen pasando”, dijo.

A lo que añadió: “Hoy en día, el sistema educativo no está preparado para hacer frente a la violencia porque no tiene las herramientas y la capacitación necesarias”.

Y subrayó, “faltan procesos en el sistema educativo para concientizar acerca de la diversidad. Estos temas no están en la currícula”. En una cita al ejemplo estadounidense de Utah, donde “la incorporación de material sobre diversidad sexual, migratoria y demás, ha bajado el nivel de violencia en las escuelas de EEUU”, según explicó.

“El estado, en cierta forma, tiene su responsabilidad. Ya que no hace nada por prevenir o modificar la conducta de los alumnos, siendo el responsable de llevar adelante el cambio cultural”, analizó Píter. Quien supo sufrir en carne propia la violencia e intolerancia que el bullying expresa.

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