El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, afirmó que la Reforma Política “no se cayó”, sino que “está bloqueada por un senador kirchnerista“, a pesar de que pocas horas antes había afirmado en La Cornisa, el programa de Luis Majul, que “no hablamos de la herencia recibida”.
Luego, Peña afirmó que “seguiremos buscando consenso, dialogando, pidiendo que den el debate y, de última, que despachen el proyecto de Juan Manuel Abal Medina, que es distinto al nuestro. Pero que muestren voluntad de diálogo“, se quejó.
Luego, el funcionario advirtió que “desde Cambiemos seguimos diciendo que tenemos tiempo hasta el 30 de diciembre, vamos a seguir esperando el debate”, informando además que podría demorarse, pero lo mismo “seguirá más adelante, avanzando en la vocación de transformar el sistema electoral de los argentinos”.
En realidad, la Reforma Política, tal como la envió el Gobierno a la Cámara de Diputados, que fue la cámara de inicio, tiene muchos puntos que fueron cuestionados por casi todos los partidos que conforman el arco político argentino. En este sentido, una de las primeras observaciones fue que en las PASO se podía votar por una sola lista, sin combinar preferencias por candidatos de distintos partidos; otro de los puntos tiene que ver con el software y el hardware, que podrían ser auditados sólo 120 días antes de los comicios, un plazo que los especialistas consideraron exiguo y demasiado favorable a las empresas, alguna de las cuales alguna vez se negó a ser auditada, alegando derechos de propiedad intelectual; también se cuestionó la aplicación generalizada y simultánea que propone el Gobierno del nuevo sistema, que varios expertos reclamaron que se desarrollo por etapas, para evitar la dependencia de las empresas privadas que proveen el sistema de votación; la vulnerabilidad del sistema es mucho mayor a la que reconoce el Gobierno y facilita el “voto cadena”, ya que con un simple dispositivo instalado en un celular, que cuesta menos de 20 dólares, un puntero podría identificar el voto y obligar a sus votantes a elegir a un determinado candidato; en línea con el fallo del Tribunal Supremo de Alemania, que en 2009 declaró la inconstitucionalidad del voto electrónico, algunos constitucionalistas explicaron que los ciudadanos deben tener la posibilidad de auditar toda la cadena informática que exige el sistema, sin la necesidad de poseer conocimientos especiales, por lo que si sólo los especialistas pueden hacerlo, ésto invalida la constitucionalidad del sistema; el peronismo exigió, además que deberá aparecer en pantalla la lista completa de los candidatos y no sólo los de los que encabezan las nóminas; la oposición advirtió sobre los costos del sistema, que se multiplicaría por más de 10 puntos (30 millones de pesos contra 300 millones), a lo que el gobierno contrapuso la disminución del costo de impresión de las boletas, que desaparecería; la oposición advirtió además que no se debería depender de las empresas privadas proveedoras de software y que, por contrapartida, no hay tiempo para desarrollar un software propio; para el final quedó la desequilibrante posibilidad de que exista un ataque informático masivo contra el sistema el día de la votación, para lo que no existe un Plan B, a lo que el Gobierno contraatacó aludiendo a que el actual sistema también puede ser atacado en el sector del conteo de los votos y de la transmisión de los datos a la central.
No todos estos problemas fueron resueltos en las discusiones legislativas, además de que se agregaron varias otras premisas, como la absoluta paridad de género, es decir listas en las que irán un candidato femenino y uno masculino, intercalados; la elección en las PASO de un candidato presidencial y no de una fórmula y la creación de dos comisiones, una de control (ocho diputados y ocho senadores) y otra de Seguimiento, formada por los apoderados de todos los partidos nacionales.