El Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Javier Milei no deja de ser cuestionado por distintos espacios y organismos. Mientras que las fuerzas políticas están en el Congreso nacional y en mesas de negociación, al menos los espacios más dialoguistas, el Poder Judicial también deberá dirimir qué hacer con el DNU que excede las facultades dadas por la constitución nacional.
Uno de esos organismos que alzó la voz, y que espera que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resuelva su planteo contra el DNU, es el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El juez Enrique Lavié Pico denegó una cautelar que había pedido el organismo con la intención de frenar el Decreto en su totalidad. De hecho, señalaron que el juez de grado no se detuvo en el planteo de que el Poder Ejecutivo había invadido las competencias del Poder Legislativo.
“La causa del CELS es una declaración declarativa de inconstitucionalidad y la aplicación del DNU, a diferencia de otro tipo de presentaciones que andan dando vueltas y que cuestionan alguna parte del DNU o alguna afectación más concreta, por ejemplo, las causas que hay por la medicina prepaga o las del Fuero Laboral”, explicó en diálogo con Noticias Urbanas Fabian Murua, abogado del CELS.
El organismo consideró que “los poderes de emergencia en Argentina, como la mayoría de los países del mundo que tienen este tipo de regulaciones, habilitan al Poder Ejecutivo a dar medidas transitorias para servir en una situación de emergencias, pero lo que se ha hecho a través del DNU es reformar la legislación de fondo, es decir, de forma permanente, y eso es muy muy grave”.
En esa línea, detalló que el CELS cuestiona “el derecho básicamente a vivir bajo reglas constitucionales”, y afirmó: “Cuestionamos sobre todo el procedimiento a través del cual se elaboró el DNU y finalmente todo lo que se reformó a través del mismo. El Poder Ejecutivo no puede hacer lo que hizo, adoptó medidas que exceden por lejos las facultades que la Constitución le otorga al presidente en situaciones de alegada emergencia”.
Al respecto, el organismo sostiene que se “están violando de una forma muy grave reglas constitucionales vinculadas a la división del poder y lo que los poderes no pueden hacer, aún en situaciones críticas, y se viola el derecho de cada persona a vivir bajo normas jurídicas que la Constitución regula”.
Entre los reclamos que le hacen al Poder Judicial, les señalan que se debe tener en cuenta que “cualquier ciudadano pueda defenderse, defender su derecho a vivir bajo esas reglas constitucionales, y cualquier ciudadano se puede presentar a la justicia a reclamarlo ya que no es la defensa de la mera legalidad, sino la defensa de la Constitución”.
“Nuestra finalidad como organismo de derechos humanos básicamente es porque lo dice nuestro estatuto, la defensa, además, del sistema republicano de Gobierno”, destacó.
Suspensión total del DNU
En el marco de ese proceso judicial, solicitan una medida cautelar donde se ordene la suspensión de la aplicación de la totalidad del Decreto que actualmente está vigente y, según el CELS, las relaciones jurídicas también se gestan a partir de este decreto, lo cual tiene afectaciones particulares para muchas personas. Las consecuencias de esto, por ejemplo, es que a la gente le aumenta la prepaga, las que tienen que renovar contrato bajo las nuevas normas, entre otros.
Además, remarcaron que la justicia rechazó dos cuestiones que plantearon, la primera fue aceptar que se trata de una acción colectiva. “Es decir, aceptar que se trata un proceso judicial donde se discuten derechos que se llaman de incidencia colectiva, pero el juez consideró que el proceso debería tramitar como un proceso individual, lo que pensamos que es una incoherencia jurídica”.
En este punto, explicaron que “si uno defiende un bien que es colectivo, como el bien que nosotros decimos defender, no se puede tramitar de forma individual porque se trata de un bien que es jurídicamente indivisible, no se puede dividir la defensa de la Constitución y pedirle a la justicia que ordene que alguien viva bajo reglas constitucionales y otras personas no”.
En cuanto a los resultados esperados por el CELS, Murua remarcó que no se sabe bien qué va a ocurrir con la apelación que está en la cámara, tanto para la denegación de que el proceso sea colectivo; como el rechazo de la medida cautelar.
“La justicia dice que, en estos casos en que se cuestiona todo el DNU, no hay un caso judicial porque no existe el derecho de las personas a defender la mera legalidad. Es un criterio judicial histórico, que uno no puede reclamar la legalidad si no está afectado particularmente. Pero hay situaciones excepcionales, como ésta donde se reformaron un montón de leyes a través de un DNU y además se reformaron esas leyes de forma cabal”, concluyó el abogado.
La semana próxima la justicia finaliza la feria judicial y será un tiempo de decisiones, tanto de la Cámara como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que más temprano que tarde deberá comenzar a inclinarse sobre las distintas causas. Mientras, se espera que las intervenciones políticas en la mesa de negociación comiencen a surtir efecto para los organismos que tienen necesidad y urgencia de que todo se revierta.