La mano que mece la piña

La mano que mece la piña

El drama de muchas mujeres se profundiza pero a su vez avanza su conocimiento y divulgación. Iniciativas como la oficina de la Corte y la labor del hospital Álvarez indican que se puede revertir.


Cuando la fiebre papal finalmente haya pasado y cuando pase la fiebre solidaria tras el temporal que inundó medio Buenos Aires, entre fiebre y fiebre, siempre que no haya demasiada sangre o demasiado fuego, o demasiada sangre y demasiado fuego arañando otra vez los 38 grados de una nueva fiebre, otra fiebre tan mediática como espasmódica, se volverá a hablar de violencia de género.

Conforme avanza su conocimiento –y su divulgación–, se asume como una problemática de mil caras y al mismo tiempo de una sola: desde los números domésticos hasta la economía laboral, desde las etiquetas de la tele a la lujuria obligada del sexo, en la puteada que es puteada y la puteada que se arropa como disfraz, la mujer siempre es el objeto. Y termina perdiendo. A veces, ni siquiera accede al mínimo desquite, al tiempo de descuento. A veces está tan muerta como la letra que debería protegerla.

Según La Casa del Encuentro, la cifra de femicidios cometidos en nuestro país en 2012, por hacer foco en el resultado más doloroso de la cuestión, vuelve a prender la sirena: 255 crímenes, de los cuales el 84,3 por ciento fueron a manos de malos conocidos, esto es, maridos, novios, amantes, exloqueseteocurra, padres, hermanos y vecinos de las víctimas. Esta organización en lucha por el feminismo popular apunta a la necesidad de contar con “estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidios”, para el “correcto diseño de políticas públicas integrales indispensables para poder prevenir y asistir a las mujeres víctimas de violencia sexista”. Falta. Y acá no valen los movimientos de figura y fondo. Todo es figura y todo es fondo. Tenemos que ir por la matriz cultural.

Y, por supuesto, por el diálogo y por las implicancias de esa palabra tan teñida, de un tiempo a esta parte, de amarillo Pro: consenso. Entre el Ejecutivo nacional, las provincias, el Poder Judicial, el Legislativo, las fuerzas de seguridad, universidades, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Entre todos. Siempre teniendo presente la importancia de que iniciativas de este tipo trasciendan Buenos Aires, penetrando cada pueblo del interior en donde la violencia hacia la mujer es más natural que decir chango en Santiago o tomar fernet en Córdoba. El cristal que la envuelve y le da cuerpo, extrañamente, la torna menos visible, poco visible: nada visible.

Además, entre las reivindicaciones de La Casa del Encuentro figuran la “apertura de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias”, sin duda una propuesta primermundista, pero del lado no thatcheresco del mundo: del lado de los derechos humanos. A su vez, la propuesta de La Casa del Encuentro insta a llevar adelante programas, también nacionales, de asistencia integral, “desde una perspectiva de género para las mujeres víctimas de violencia sexista con asistencia psicológica sostenida en el tiempo”. Y el “acceso a la Justicia con patrocinios jurídicos gratuitos; la existencia de mayor cantidad de hogares refugios para mujeres de todo el país víctimas de violencia sexista, y –dimensión que sigue renga– la intensificación de campañas de prevención e información en toda la sociedad”.

 

En Buenos Aires también se cuecen balas

El Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” es el centro asistencial porteño de referencia para las víctimas de la violencia de género, en donde también se realiza docencia e investigación sobre la problemática.

Claudia Teodori es socióloga y desde el comité del hospital investiga la violencia de género desde hace un año y medio. En 2012 presentó parte de su trabajo en la reunión de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Fasgo), que se realizó en Mendoza. De los datos que Teodori reunió y sistematizó surge que en cuanto a las denuncias, una de cada veinte consultas médicas se origina en la violencia; solo dos de cada diez afectadas pidieron ayuda médica, y se denunciaron uno de cada cinco casos de violencia familiar. Respecto a las admisiones, entre 2008 y 2011 las realizadas por el equipo de Violencia de Salud Mental del hospital Álvarez pasaron de 149 a 229, registrando un aumento del 54 por ciento.

De la asistencia en la guardia se desprenden varias dimensiones: Tipo de violencia contra mujeres adultas en porcentaje sobre 41 casos analizados: el 20 por ciento fue víctima de violencia sexual, el 27 padeció violencia física, el 53 no especificó; Vínculo con el agresor sobre 21 casos analizados: pareja/esposo, 40 por ciento; expareja, 12 por ciento; otro familiar, 24 por ciento; otros no familiares, 12 por ciento; desconocidos, 12 por ciento. Por último, acerca de las admisiones por violencia según derivación en porcentaje sobre 132 casos analizados: por recomendación judicial y defensorías de niños/as, 34 por ciento; por servicios del hospital, 32 por ciento; espontánea, 11 por ciento; por otros hospitales, 6 por ciento; por escuela, hijos, 3 por ciento; por la Dirección General de la Mujer, 2 por ciento; por profesionales particulares, 2 por ciento; otros, 4 por ciento; línea telefónica 137 de violencia familiar, 3 por ciento; sin datos, 3 por ciento.

 

Historia que es también historia de género

Diana Galimberti –pionera en la temática y directora del hospital Álvarez– señala que la institución del barrio de Flores aborda la cuestión desde 1992, y recuerda: “En esa época no se hablaba de violencia de género sino de violencia intrafamiliar. En ese tiempo comenzamos a encuestar a las mujeres que llegaban a la maternidad preguntándoles si habían padecido violencia física, psíquica, económica o sexual”. Las respuestas que Galimberti y su gente recogían sugerían la existencia de una violencia no denunciada y de la que no se hablaba durante las consultas médicas. Más adelante, encuestaron a todos los sectores del hospital. Así, averiguaron que entre un 9 y un 10 por ciento de las entrevistadas que habían sido víctimas de la violencia por parte de una anterior pareja volvían a sufrirla tras entablar una nueva relación. O que las mujeres que llegaban con lesiones muy graves y que habían denunciado a su agresor, luego de recibir la atención médica, retiraban los cargos a instancias del atacante. Pasarían años, entiende Galimberti, hasta que el asunto fuese tratado como un problema social. Como lo que efectivamente es.

Con el antecedente de la creación del Programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual por parte de la entonces Secretaría de Salud de la Ciudad, en el hospital se gestó un Comité para el Estudio, Prevención, Detección y Tratamiento de la Violencia Familiar, Laboral, Infantil y de Género que permitió la participación de todos los sectores del hospital –especialmente, el Servicio de Salud Mental– en la atención de las víctimas.

Más tarde, en 2003, las autoridades sanitarias de la Ciudad emitieron la Resolución 334, que le dio nueva jerarquía a un trabajo que hasta allí había sido bastante artesanal. La norma dispuso que las secretarías de Salud y de Desarrollo Social asumieran en conjunto la prevención y el tratamiento de situaciones de violencia sexual con la participación de la Dirección General de la Mujer. Porque de lo que se trata, también, era de trabajar de forma interdisciplinaria. Difícil. Pero posible.

En 2008, y como parte del programa Las Víctimas contra las Violencias que desarrolla el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y coordina la doctora Eva Giberti, se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Gracias a la intervención directa de Galimberti, el programa pudo disponer rápidamente de un espacio en el Álvarez para la revisión e internación de las mujeres rescatadas por las profesionales de esa unidad que, con sus dispositivos móviles, posibilitaron el despliegue de un circuito para la atención inmediata de las víctimas.

Finalmente, Giberti y la jueza Carmen Argibay –integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– elaboraron un protocolo común que permitió a ginecólogos y profesionales del derecho utilizar un lenguaje unívoco en torno a la violencia contra la mujer y evitó que las víctimas tuvieran que someterse a nuevas y traumáticas consultas médicas en el ámbito judicial. Hasta entonces, apunta Galimberti, “las mujeres no solo estaban obligadas a revivir las penosas situaciones por las que habían pasado, sino que, cuando sus lesiones no habían sido muy graves, el tiempo borraba huellas y las observaciones del médico forense no coincidían con lo que en un primer momento se detectaba en los centros asistenciales”.

 

La tele, esa caja no tan boba
Para Teodori, la comunicación construye y refuerza ciertos mitos. “Muchas veces los mensajes televisivos, aunque estén bien intencionados, plantean cuestiones que impiden un abordaje correcto de la temática”, precisa. Agrega que en ocasiones la información no aclara algunos aspectos básicos y ejemplifica: “Muchas veces se nombra a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema para hablar del aumento de las denuncias, pero no se da su dirección, sus vías de contacto ni sus horarios de atención”. Algunos casos extremos que fueron mediatizados –como el de las mujeres quemadas por sus parejas– registraron luego un aumento en las denuncias por este tipo de agresión. En 2008 hubo dos; en 2009, seis; y, tras el asesinato de Wanda Taddei en 2010, concubina del exbaterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, hoy preso, se conocieron 28 casos similares.
Teodori destaca, por otro lado, que la legislación podría contribuir a reducir estereotipos de género, impidiendo que la publicidad presente a la mujer como complemento de algún electrodoméstico o como objeto de deseo. Es que casi no existe contenido mediático que la conciba como sujeto.
La licenciada Susana Pontiggia es psicóloga clínica del servicio de Salud Mental del hospital Álvarez y coordina al equipo de violencia de la institución. Según cuenta, se han incrementado las denuncias como consecuencia de la visibilización de la violencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. “Al verlo reflejado en otras –explica la profesional–, la mujer maltratada se asume como víctima de un delito.” Y lo denuncia.
Si bien la conciencia en torno a la violencia ha crecido aún entre quienes no la padecen, a Pontiggia le preocupa que algunos profesionales no quieran involucrarse en el tema y omitan ahondar en él cuando observan signos de maltrato. “La derivación llega más de afuera que de adentro. Todavía falta capacitar a los médicos para que escuchen a las víctimas”, resalta la licenciada, y enfatiza la importancia de capacitar a los residentes.
Pontiggia refiere también que “la mujer que sufre violencia vive con depresión y en alerta constante. El violento es un hombre impredecible; la mujer no sabe cómo va a llegar, si le va a pegar a ella o a sus hijos, o si viene o desaparece por tres días”.

 

Machos son los que enfrentan el drama
El psicólogo Aníbal Muzzin integra el equipo de Galimberti como coordinador de los grupos de hombres que ejercen violencia contra sus actuales o anteriores parejas. Sobre la tarea que desarrolla desde 2010, cuenta: “Nuestra actividad, que en organizaciones no gubernamentales se realiza desde hace veinte años, es la primera que a nivel nacional se lleva a cabo en un hospital público”.
Estos grupos están abiertos para varones de 21 a 75 años que tienen conductas violentas contra sus mujeres y que son mínimamente conscientes de ello. Sin embargo, no todos son admitidos: quedan excluidos los que hayan abusado sexualmente de sus parejas o tengan antecedentes penales. Cada semana, el equipo de violencia entrevista a los interesados en integrarse en el grupo para evaluar si reúnen los requisitos de admisión.
“Los hombres que ejercen violencia buscan justificar sus actos en la conducta de la mujer. Cuando alguien es enviado por el juez busca excusas para su comportamiento, o lo niega. Nosotros tratamos de que reconozca que su violencia tiene que ver con la relación de poder que mantiene con la mujer”, expone Muzzin.
“El objetivo de los grupos es controlar y detener la conducta violenta y modificar los vínculos sociales del hombre con la mujer. Como estos hombres no pueden tener empatía con ellas, hay que tratar de que la desarrollen”, concluye.

*El Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” funciona en Aranguren 2701. Sus teléfonos son 4611-6666 y 4630-2900 y su e-mail es contacto@hospitalalvarez.org.ar.

*La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atiende las 24 horas, los 365 días del año. Está ubicada en Lavalle 1250, planta baja (Ciudad de Buenos Aires), y su teléfono es 4370-4600, internos 4510 al 4514.

 

 

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