La utilización de publicidad oficial en el marco de las campañas electorales es una conducta habitual, más allá de los intentos de disfrazarla o de la exposición sin culpa. Frente a esta realidad, la Asociación por los Derechos Civiles presentó en 2011 un amparo para que la justicia defina límites y garantice la igualdad en campaña entre aquellas fuerzas que son gobierno y las que no. Frente a este planteo, y luego de dos años de proceso, la justicia prefirió dejar el tema en manos de la política.
Según informó la Asociación por los Derechos Civiles, la Cámara Federal Electoral requirió que “el Congreso de la Nación –en coordinación con las legislaturas locales– revise a la mayor brevedad posible la regulación vigente en materia de publicidad oficial durante épocas de elecciones para asegurar la relación armónica entre la vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y la equidad electoral”.
En el amparo, la ADC fundamentó su planteo con datos concretos en los cuales se registraba que en años electorales, el pico máximo de la inversión publicitaria estatal se producía en el mes previo a las elecciones. Asimismo, la ADC demostró en el curso del juicio que muchas de las publicidades oficiales emitidas durante la campaña promovían la figura de determinados funcionarios y buscaban apuntalar la candidatura de candidatos oficialistas.
En el marco de la actual campaña electoral para las PASO, estos hechos denunciados en el amparo se siguen registrando. La sentencia dictada el día de ayer por la Cámara Electoral recepta solo parcialmente los reclamos de la ADC. Si bien exhorta al poder legislativo a promover reformas legales que detengan los abusos que la Cámara Electoral verifica, solo se limita a “poner en conocimiento” del Poder Ejecutivo el contenido de la sentencia y no adopta remedios judiciales que garanticen la igualdad en la competencia electoral.
Ante esta resolución judicial que deja en manos de la política curar sus propias enfermedades, la Asociación por los Derechos Civiles adelantó que recurrirá la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.