La literatura policial se dedicó a adjetivar y adjudicarles ciertas características particulares a los policías. La escritora sueca Maj Sjowall, en su obra “Roseanna”, describe tres de ellas. “Recuerda que posees tres de las principales virtudes de un policía: eres tozudo, lógico y muy sereno”, dice uno de los personajes de la novela.
La aprobación de la Ley de Seguridad Pública, que impulsa el Gobierno de la Ciudad, servirá para darle un marco institucional a la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que entrará en funcionamiento el año que viene.
Para lograr este objetivo se llevaron a cabo numerosas negociaciones con la oposición. El Pro trató de que ley de seguridad tuviera el mayor consenso posible. Ese objetivo se cumplió. Sin embargo, no es lo mismo negociar con políticos que con policías. Aunque la pata política se cerró, la policial sigue siendo una piedra en el zapato del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Los traspasados, en su mayoría, forman parte de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal (PFA). De esa estructura dependen las 54 comisarías de la Capital Federal. Desde que se comenzó a mencionar la posibilidad del pase de la policía a la Ciudad, comenzaron a multiplicarse las quejas de los federales. Pero cuando el Gobierno de la Ciudad demostró que la transferencia no tenía retorno, empezaron a surgir otras dificultades.
“Los federales siguen rechazando el traspaso. No quieren pasar a la Ciudad. Ante el hecho consumado, fluctúan entre la resignación y la poca colaboración. A eso se agregó, una preocupación que creció con el correr de los días: quién será el jefe de la nueva fuerza”, le dijo un comisario inspector a Noticias Urbanas.
El problema con el que se enfrenta Larreta es bastante complicado. En enero de este año se anunció que el comisario mayor que estaba a cargo de Seguridad Metropolitana, Guillermo Calviño, sería el jefe de la nueva fuerza. Era una decisión obvia y un gesto hacia la Federal. A pesar de cierta oposición de algunos jerarcas de la Policía Metropolitana (PM) que querían ese puesto, como el caso del subjefe de la PM, comisario Ricardo Pedace, no quedaba otra alternativa que cederle el máximo lugar a un hombre de la Federal.
Pero el tiempo tenía otros planes. A medida que pasaron los meses, Calviño fue duramente criticado por los policías que rechazan el traspaso y hasta fue insultado por efectivos de la Federal, durante una charla en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la PM. A eso se sumaron dos causas judiciales, en donde se lo investigado por determinados ilícitos.
Todo eso motivo que el propio Larreta no lo ratificara al frente de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que entraría en funcionamiento a partir de enero. Y además, en la propia Ley de Seguridad se deja abierta la posibilidad de que un civil pueda ser jefe de la fuerza.
Esos hechos tuvieron consecuencias directas: Calviño ya tiene decidido pedir su retiro y con él se irían los comisarios inspectores que le responden y que ocupan lugares importantes en la estructura de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana.
Frente a ese panorama, habría una fuga de cuadros jerárquicos, que llevaría al Gobierno de la Ciudad a una situación muy difícil, ya que no contaría con un postulante con la experiencia y el respeto necesario sobre la tropa.
Nombrar a un civil provocaría la inmediata oposición de los transferidos federales como de los propios efectivos de la Metropolitana.
A pesar de que en el Gobierno de la Ciudad creen que algún funcionario de la Secretaría de Seguridad, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Martín Ocampo, puede hacerse cargo de la policía, el rechazo de los uniformados sería inmediato.
Por eso, las miradas se posan en el segundo de Calviño, el hombre que está a cargo de todas las comisarías de la Capital, el comisario inspector José Pedro Potocar. Este último sería el candidato natural, pero para eso debería ser ascendido a comisario mayor.
La sucesión de datos demuestra que la pata policial de la Ley de Seguridad está lejos de estar resuelta. Por suerte para Larreta, la pata política se resolvió mejor y se espera que la norma se apruebe en la Legislatura este jueves.
Los proyectos que tuvieron dictamen
Con el apoyo de los legisladores del Pro, la Coalición Cívica-ARI y el interbloque de ECO (Suma+ y el Partido Socialista) el proyecto de ley de Seguridad Pública obtuvo el dictamen favorable de las comisiones de Seguridad, Justicia y Presupuesto. Esto sucedió en la reunión que se llevó a cabo el viernes 4 de noviembre, a las 11, en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. Noticias Urbanas había adelantado que tendría dictamen favorable y que eso posibilitaría que el proyecto sea tratado en la sesión del jueves 17 de noviembre.
Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) y el Bloque Peronista (BP) no votaron el dictamen, a pesar de que se agregaron modificaciones a la propuesta original que fue enviada a la Legislatura por el Gobierno de la Ciudad.
“Nos sorprendió que no acompañarán la iniciativa, ya que en las reuniones previas se habían comprometido a apoyarla”, le dijo a NU un legislador del Pro.
La idea del oficialismo era que el proyecto saliera con el mayor consenso posible, por eso aceptó las modificaciones planteadas por los bloques de la oposición.
La necesidad de acelerar los tiempos legislativos se debe a que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quiere que la norma sea sancionada antes de fin de año, para luego debatir en el recinto el Presupuesto 2017.
La nueva Ley de Seguridad es imprescindible para que el año que viene entre en funcionamiento la Policía de la Ciudad de Buenos aires.
Los legisladores del Pro Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia; Juan Pablo Arenaza, presidente de la Comisión Seguridad, y Alejandro García, presidente de la Comisión de Presupuesto, se mostraron satisfechos por haber logrado el dictamen.
Luego de la reunión realizada, en el Salón Montevideo, la legisladora Natalia Fidel (Suma+), que aportó un nuevo artículo que establece la creación de un Programa de Protección para el personal de la Policía de la Ciudad, realizó declaraciones: “Junto al legislador Hernán Rossi hicimos esta propuesta porque consideramos que si los agentes no se sienten protegidos es muy difícil que denuncien a sus pares que cometen actos ilícitos”, dijo.
Según explicó la diputada porteña, este nuevo programa entraría en la órbita de la Oficina de Transparencia y Control Externo y “estaría destinado a las víctimas, testigos o denunciantes de ilícitos, irregularidades administrativas, hechos de corrupción, faltas de integridad, abusos funcionales y/o delitos; a efectos de protegerlos por la denuncia o testimonio brindados”.
Por su parte, el legislador Maximiliano Ferraro (CC-ARI) destacó los cambios propuestos por el espacio político que integra. Entre esos cambios se destaca el tema de acceso a la información.
También se tuvo en cuenta a la hora de elegir el jefe de la policía el procedimiento según el cual se deben publicar nombre y antecedentes del candidato y un plazo para presentar observaciones a dicha postulación.
Respecto a las declaraciones juradas de los miembros de esta fuerza, Ferraro propuso aplicar el régimen general de la Ley de Ética Pública. Así, todo el personal policial, bomberos y del Instituto deberán presentar su declaración jurada anualmente.
El legislador de la Corriente Nacional de la Militancia (CNM), Gabriel Fuks, fue uno de los que más objeciones manifestó, pero insistió en el uso de los protocolos de acción. “Necesitamos que se establezcan reglas claras en cuanto al uso de armas letales en los protocolos, especialmente en las manifestaciones sociales”, señaló. Y agregó: “A nivel nacional, el protocolo para manifestaciones prohíbe el uso de armas letales, por lo que solicitamos el mismo régimen para la Ciudad. No queremos lamentar ningún Carlos Fuentealba, ningún Maximiliano Kosteki y ningún Dario Santillán más”.
Los proyectos que tuvieron dictamen
El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública. El proyecto de ley consta de 476 artículos contenidos en ocho libros.
El Libro I constituye el marco general del sistema, y destaca la conducción Civil. Crea la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad como órgano desconcentrado dependiente del Ministro de Justicia y Seguridad, continuadora de la actual Auditoría Externa policial.
El Libro II propone la creación de la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires derivada del convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad, firmado en enero pasado con la Nación que involucra a casi 20.000 efectivos de la Policía Federal Argentina.
El Libro III crea el Cuerpo de Bomberos de carácter civil, jerarquizado profesionalmente y auxiliar de la fuerza pública como dependencia de la Subsecretaría de Emergencias y en colaboración con el cuerpo de bomberos voluntarios y el personal de seguridad privada.
El Libro IV regula al Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), creado en el año 2008.
El Libro V instituye la Obra Social del Personal de Seguridad Pública (Ospece) que reemplazaría a la actual Obra Social del Personal Metropolitano creada por Ley N° 2894 y regulada por Decreto N° 259/09.
El Libro VI regula prestación de los servicios de seguridad privada, vigilancias, custodias y seguridad de personas y bienes por parte de personas humanas o jurídicas privadas o públicas.
El Libro VII crea el Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires y regula la utilización, por parte del Ejecutivo, de las videocámaras destinadas a captar y grabar imágenes en lugares públicos y de acceso público, y su posterior tratamiento, estableciendo el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
Finalmente, el Libro VIII incorpora la regulación del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a fin de garantizar su efectiva integración al Sistema, articulado con el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito en los términos de la Ley 1.689. El proyecto, además, propone 26 cláusulas transitorias.
Instituto Universitario
La creación del Instituto Universitario de Seguridad y Ciencias Jurídicas (Iusycj), con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires y con oferta académica circunscripta al área de la Seguridad y las Ciencias Jurídicas, es otro de los despachos firmados en forma conjunta por las comisiones de Seguridad, Justicia y Presupuesto. Sería la primera institución universitaria pública desde la autonomía.
El proyecto, de seis artículos y uno de forma, autoriza al Ejecutivo a transferir el actual Instituto Superior de Seguridad Pública creado por Ley N° 2.894, texto consolidado por la Ley N° 5.454..
El nuevo Instituto tiende a atender al Sistema Integral de Seguridad Pública y al Sistema Universitario Nacional, por lo que contará con los atributos necesarios para dar cumplimiento con lo pautado en la Ley 24.521, con carreras cuyos títulos cuenten con reconocimiento y validez nacional. Estará radicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionan actualmente 43 instituciones universitarias, y participará del CPRES Metropolitano, integrando la articulación de la educación superior con mayor cantidad de instituciones universitarias, donde subsisten 61 instituciones académicas de este tipo.
