La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifiestó un “absoluto rechazo” a la iniciativa de crear un “tribunal ético” contra el Lawfare, que analizará y dictará sentencia sobre procesos judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva, Julio De Vido y que investigaría a varios periodistas reconocidos.
Al respecto, Adepa emitió un comunicado en el que considera que la creación del tribunal con sede en Madrid “por parte de sectores vinculados a la defensa de políticos y funcionarios” incluye el “cuestionamiento de la labor de periodistas”.
Al frente del tribunal ético estará el constitucionalista argentino Eduardo Barcesat, y dentro del tribunal que realizará las investigaciones, el exjuez Baltasar Garzón. Entre los investigados estarán, entre otros, el juez Claudio Bonadio, pero también periodistas como Daniel Santoro, Jorge Lanata y Luis Majul. La sentencia del mismo, según dijo Barcesat, se conocerá en noviembre del 2020.
El constitucionalista explicó que el lawfare o guerra judicial “es una práctica de persecución y destrucción de adversarios o enemigos políticos, empleando como arma a los procesos judiciarios” y que “la invención de esta práctica persecutoria, gestada en la academia militar estadounidense, es la de perseguir a los opositores mediante mecanismos que no generen la mala prensa que tienen los atentados, asesinatos,desapariciones forzadas, secuestros, torturas, etc. que han sido empleados a lo largo de la historia de la dominación social ejercida por potencias hegemónicas”.
Respecto a esta investigación que involucraría a periodistas, sostuvo que “el periodismo hegemónico será requerido para que preste su declaración porque buena parte transcurrió bajo el relato”. En defensa del oficio, la Asociación opinó que fue el trabajo de distintos medios y de periodistas en la Argentina lo que “permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas”.
Para Adepa, “este autoproclamado tribunal del Lawfare parte de la hipótesis de una supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad”, y detallaron que “sin autoridad alguna, pretende determinar lo que denomina “distorsiones a la verdad””. Y agrega: “Llega incluso a mencionar nombres de periodistas de reconocida trayectoria, con un claro objetivo de represalia y estigmatización”.