Este jueves, en una nueva jornada de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados – que se comprometen por casi cuatro horas – los legisladores nacionales avanzaron en el proceso para investigar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti Carlos Rosenkrantz , Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT) inició el encuentro y adelantó que “el propósito es avanzar en el cronograma de producción de pruebas, ya que se ha aprobado la admisibilidad en la reunión pasada, y abrir la causa a la investigación sobre las 14 denuncias obrantes contra los jueces de la Corte”.
En medio de cruces entre el oficialismo y la oposición durante la reunión, se demoró avanzar con los siete pedidos de ampliación de las pruebas y el armado de un cronograma para citar a testigos. Se realizó un listado de quiénes serán los convocados a exponer en la comisión.
Algunos de los testigos son: Mario Cimadevilla (exmiembro del Consejo de la Magistratura), Alejandro Rodríguez (secretario de Juicios Originarios), Roberto Saggese y Adriana Valinotti (vocalía del juez Rosatti), Sergio Rubén Romero (subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración), Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz (Secretaría judicial N° 2 Previsional), Cristian Abrita (extitular de la Secretaría Judicial N°5) y los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla , que fueron solicitados por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT).
El diputado oficialista remarcó que era necesaria la asistencia de ambos jueces para que “expliquen sus posiciones respecto a las causas derivadas de los chats porque ambos tienen fallos contradictorios”.
Allí comenzaron las discusiones con la oposición cuando el legislador Pablo Torello (Pro) cuestionó que se solicitaron las presencias del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro , que se encontró con la licencia y de uno de los colaboradores de Rosatti (Silvio Robles) .
Estos pedidos fueron realizados por el oficialismo, ya que buscan verificar las conversaciones que fueron filtradas entre ambos y que estaban vinculadas al conflicto por quiénes integrarían el Consejo de la Magistratura y por el tema de la coparticipación.
Luego, Torello arremetió contra el FdT y adelantó la postura del bloque: “Nos vamos a oponer a las intercepciones telefónicas, de e-mails, etc.”. Aclaró que podría realizarse mediante la intervención de un juez, pero que “la comisión no tiene facultades ni atribuciones para pedir esa información para utilizarla como prueba”.
Tailhade le respondió: “No estamos pidiendo las intercepciones telefónicas, sino el listado de llamados, es decir los números con los que se comunicaban”. Y adelantó que tanto Robles como D’Alessandro “podrían venir a la comisión y negarse a declarar, pero que ellos vengan y lo digan”.
En tanto, la diputada Paula Oliveto (CC) solicitó la presencia de Héctor Marchi (secretario General de Administración de la Corte Suprema).
Por su parte, la radical Karina Banfi fue contundente y advirtió: “ Estamos incurriendo en irregularidades. No podemos citar a todos; hay que tener causas”. Además, la legisladora nacional Silvia Lospennato (Pro) se sumó a los cuestionamientos y expresó: “Esto no es un juicio penal, sino político”.
También, tomó la palabra el titular del Interbloque Federal, Alejandro Rodríguez , quien resaltó que “este proceso de juicio político se inició por una decisión presidencial” y solicitó que se convoque al Presidente de la Nación, Alberto Fernández “como primer testigo” .
“Sería relevante su testimonio por la información que pueda tener”, explicó. Pero el pedido resultó trunco.
Por último, la comisión convocó a una próxima reunión para el 23 a las 11 para continuar el proceso de investigación contra los jueces y escuchar a los testigos, que serán claves.
