Impugnan candidatos del Pro a organismos judiciales

Impugnan candidatos del Pro a organismos judiciales

Los cuestionados son Martín Ocampo y Yael Bendel. El primero está propuesto para ocupar el Ministerio Público fiscal y la segunda para ser Asesora General Tutelar. Niegan su idoneidad y experiencia.


Una serie de organizaciones no gubernamentales cuestionaron a los candidatos del Pro, Martín Ocampo, postulado al Ministerio Público Fiscal y Yael Bendel, que fue propuesta para ocupar el cargo de Asesora General Tutelar.

Los que cuestionaron a Martín Ocampo basaron su objeción en su condición de diputado oficialista, lo que no daría garantías -plantearon- de mantener la independencia que el cargo requiere para investigar a los funcionarios y para actuar en causas de interés público. Simultáneamente, destacaron que el legislador no cuenta con antecedentes adecuados en materia penal.

Firmaron la nota de impugnación la Asociación Americana de Juristas (sección Argentina); la Asociación por los Derechos Civiles; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Directorio Legislativo; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; Poder Ciudadano y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Yael Bendel fue cuestionada en su postulación a la Asesoría General Tutelar porque no es especialista en esa temática, porque no realizó estudios para especializarse en el tema de la protección de los menores y porque su experiencia en la materia -actualmente es la titular del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes- proviene de sus cargos en el Poder Ejecutivo, a los que no accedió por concurso. Además, esta última circunstancia minaría su capacidad para ejercer su cargo con independencia de criterio, dado que éste la obligaría a exigirle al Gobierno que cumpla con sus obligaciones de satisfacer los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Firmaron este cuestionamiento las mismas organizaciones ya mencionadas anteriormente, que impugnaron a Ocampo, a las que hay que sumar al Centro de Estudios Legales y Sociales; el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.

 

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