Este viernes se conoció la noticia de que la Justicia porteña daba el aval al Gobierno porteño de elevar la tarifa de subte (a $3.50) tras poner fin a la medida cautelar que regía, solicitada por el legislador Alejandro Bodart. En añadidura a esta disposición, se estableció poner en marcha una “tarifa social” para los sectores más vulnerables. Esta propuesta había sido presentada en marzo por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini. La Justicia hizo lo que no pudo la política.
Con algunos cambios, el juez que intervino en la causa, Pablo Mántaras tomó por decisión extender el beneficio a aquellos que posean planes sociales administrados por el Gobierno Porteño o el Plan Jefes y Jefas de Hogar del Gobierno Nacional. También podrán gozar de este beneficio las personas en situación de desempleo crónico o recurrente, quienes acrediten ingresos familiares por debajo de la canasta familiar que publica el INDEC y quienes se encuentren en situación de indigencia. E incluso los beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón, los excombatientes de Malvinas y todos los grupos identificados por las leyes porteñas como con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social.
Con la premisa de ser una herramienta de inclusión social, el proyecto de la titular del organismo de control planteaba que la empresa concesionaria (Metrovías) implementara las modificaciones necesarias en el sistema informático que permitieran la utilización de la tarjeta SUBE, como así también dispusiera el uso corriente de tarjetas que cubrieran diez viajes al precio de cuatro u dos, y/o pases gratuitos, según correspondiera.
“Ante el inminente aumento de la tarifa al usuario, a fin de garantizar los derechos constitucionales de acceso a los servicios públicos de transporte resulta imprescindible generar los mecanismos necesarios para el uso general y sin restricciones del servicio, específicamente respecto de la población más vulnerable de la región metropolitana”, rezaba entre sus fundamentos.
