El traspaso del subte es a la fecha un tema que todavía genera discordia cuando de un conflicto en el transporte se trata. Desde el macrismo y el kirchnerismo suelen atribuirse culpas por el estado en el que uno mantiene el servicio o cómo el otro lo entregó -dependiendo de los casos- en enero del año pasado. A propósito de las acusaciones contra la gestión Pro que se visualizaron durante la transmisión del Fútbol pata Todos y la denuncia radicada en en sentido por dos legisladores macrista, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el exvocero Alfredo Scoccimarro, entre otros, fueron citados por el juez Claudio Bonadío.
El punto de conflicto entre ambas gestiones se generó durante uno de los partidos de la fecha del 11 de agosto de 2012 cuando se lo acusaba al jefe de Gobierno y su administración por la actitud frente a los metrodelegados y algunas otras cuestiones vinculadas con administración, tarifas y vagones de la línea A.
El comentario rezaba, según publica Infobae: “Los problemas de financiamiento provienen de la suspensión del proceso de traspaso decidida por el gobierno de la Ciudad”, y también que: “El gobierno de la Ciudad tiene la obligación legal, los recursos nacionales y de los porteños para hacerse cargo del subte. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que viajes tranquilo. Pero también solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar. ¿Por qué no lo hace?”. El spot tenía el sello de Presidencia de la Nación precedido por el lema. “Argentina, un país con buena gente”.
Al día siguiente el macrismo contestó en YouTube paso a paso cada una de las afirmaciones del spot del oficialismo nacional y le colocó un cartel que rezaba “mentira”. Asimismo, unos días después los legisladores del Pro Cristian Ritondo y Daniel Presti presentaron una denuncia ante la Justicia federal por el delito de malversación de caudales públicos.
El argumento de los denunciantes fue que “El Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos públicos para realizar una publicidad cuyo objetivo fue emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual, relacionada con una cuestión de corte netamente político y que en este momento se encuentra en puja con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello en la cuestión atinente al tema de la gestión y administración del servicio de subterráneos.
Esta causa está a cargo del juez Claudio Bonadío. Para el magistrado son responsables los funcionarios que por entonces revistaban en el área de Comunicación. Fueron citados a indagatoria Rodrigo Rodríguez, exsubsecretario de Comunicación Pública de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Fernández Russo, a cargo de la subsecretaría de Comunicación y Contenidos de Difusión, Alfredo Scoccimarro, secretario de Comunicación Pública y vocero presidencial, y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Todos serán indagados por el delito de malversación de caudales públicos penado por el artículo 260 del Código Penal. Ese artículo señala que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída”. Los investigadores calculan que el dinero malversado por los funcionarios (Scoccimarro y Fernández Russo continúan en sus cargos) y ex funcionarios (Rodríguez y Abal Medina se fueron) por los costos de realización y exhibición de aquel aviso, ronda el millón de pesos.
El primero en declarar en indagatoria será el integrante de La Cámpora, Rodrigo “Rodra” Rodríguez, quien debe presentarse ante Bonadío el 20 de febrero próximo y que fue reemplazado en su cargo por Hernán Reibel Maier. En tanto Fernández Russo fue citado para el 24, Scoccimarro para el 26 y Abal Medina, que fue suplantado por Jorge Capitanich, tiene que acudir a los tribunales de Comodoro Py el último día de este mes.
