La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, presentará el lunes un amparo contra las nuevas restricciones que entraron en vigencia el viernes. Además, presentará una cautelar para que la Justicia suspenda su aplicación.
En el escrito, Bullrich asegura que el Poder Ejecutivo no puede dictar un DNU para esos fines, porque el artículo 99 de la Constitución establece esa herramienta sólo para los casos en los que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”; es decir, la intervención del Congreso.
Sin embargo, sostiene la presidenta del Pro, “ni una ley del Congreso podría avanzar sobre garantías constitucionales, como el derecho a transitar, el derecho a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita, el derecho a enseñar y aprender o a ejercer libremente su culto, todos ellos resguardados por el artículo 14 de la Constitución”.
En ese marco, plantea que el Congreso sesionó aun durante la Semana Santa y la Pascua judía para sancionar una reforma al impuesto a las ganancias y que nada hubiera impedido que lo hiciera también para discutir estas medidas.
“Parece evidente que a la autoridad nacional le resulta demasiado fácil arruinar la vida ajena con unas pocas firmas”, criticó la exfuncionaria de Mauricio Macri.
La presentación también cuestiona “la incursión inconstitucional del Poder Ejecutivo en materias que las provincias y la CABA no le han delegado y que, por tanto, conservan para sí, tales como los horarios de las industrias y comercios, la forma en la que deben atender al público o la organización de la escolaridad”.
Asimismo, cuestiona la prohibición de la concurrencia a clases, una materia propia de la regulación de las provincias y de la CABA, y menciona la presentación que por vía del Consejo Federal de Educación, del que participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, se habían establecido protocolos y se estaban cumpliendo al pie de la letra
Por otra parte, en el amparo, Bullrich señala que tanto la población como las fuerzas políticas de la oposición toleraron los primeros decretos porque se trataba de una situación “imprevista” y el gobierno necesitaba preparar el sistema sanitario e inmunizar a la población con vacunas. Pero argumenta que a la fecha existen múltiples vacunas de diversos países que el gobierno no ha adquirido, en algunos casos “por motivos sospechosos”. “Argentina ha vacunado a una proporción muy baja, por lo que el gobierno no puede suplir su inacción con nuevas medidas de encierro”, enuncia.
La presentación sostiene que se ha violado el derecho constitucional de trabajar y ejercer toda industria lícita con las exigencias de funcionamiento de los comercios e industrias exclusivamente hasta las 19 horas: “Esa medida les priva de la totalidad de su clientela nocturna, que es la que mayores ingresos les reporta”, considera.
El escrito resume estadísticas de acuerdo con las cuales, desde que empezaron las cuarentenas, se perdieron más de dos millones de puestos de trabajo y que el Poder Ejecutivo no puede, “en forma desaprensiva e irresponsable”, clausurar actividades a las que les atribuye los aumentos de casos de Covid sin una prueba científica que lo avale.
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