La demolición de la Cárcel de Caseros, la construcción de un Centro de Convenciones en La Rural y la parquización de una zona de Palermo fueron obras públicas que se paralizaron por ordenes judiciales. Estas decisiones fueron criticadas este lunes por el secretario porteño de Infraestructura y Planeamiento, Roberto Feletti.
La demolición de la Cárcel de Caseros está retrasada porque un juez ordenó hacer una audiencia pública donde se planteen los problemas ambientales que puede traer la demolición. "Puedo entender la interpretación de profundizar en el tema de impacto ambiental y el gobierno hizo la audiencia pública y presentó el nuevo dictamen", dijo Feletti, quien agregó: "Estamos a la espera de la resolución".
En cuanto a La Rural, a mediados de octubre, la jueza porteña Elena Liberatori había hecho lugar a la medida cautelar presentada por un grupo de diputados porteños disponiendo la "nulidad absoluta" de un convenio -y una disposición previa del Ejecutivo porteño- que habilitaba la construcción de un centro de eventos y un shopping sobre una zona destinada a urbanización parque.
"En el caso de La Rural -manifestó Feletti-, la lógica hubiera sido, si realmente consideraba que no había facultades del Ejecutivo para producir la autorización de usos, tendría que haber estudiado la cuestión de fondo, haber permitido que el Ejecutivo haga su descargo, que la empresa haga su descargo, y recién ahí resolver la cuestión de fondo".
En tanto, en el programa "Claro y sencillo", que se emite por Radio América, el secretario de Infraestructura y Planeamiento afirmó: "En el caso de Palermo, yo estoy absolutamente sorprendido, no entiendo cuál es el interés por un lugar para que el juez de lugar al amparo de un particular, y cuál es el fundamento que ese particular debe tener para impedir hacer un parque en un lugar donde no hay ni viviendas, donde hay un terraplén de un tren". "A lo mejor hay un interés de quienes usaban ese espacio como playa de estacionamiento", disparó el funcionario.
"Yo no conozco ningún distrito -dijo Feletti-, no sé si en el país o en el mundo, donde se paralice la obra sólo porque se presenta un particular. Emitir una medida cautelar que frena un obra varias veces millonarias, con los costos que implican, con los gastos improductivos, con el daño porque supone a priori que el Estado está vulnerando un interés publico, me parece que debiera haber mecanismos mucho más restrictivos en eso sentido. Cuando el amparo se levanta y el falló es a favor de la Ciudad, ¿ese particular se hace cargo de los costos que le provocó al Estado, la demora y ese gasto improductivo de todo ese periodo?"
