El predio bajo la Autopista 7 comenzó a ser utilizado como depósito judicial de autos en el año 2008, tras una serie de traslados devenidos luego de clausuras en otros cementerios de autos sin destino aparente. Más allá de la sensación de que ciertos espacios de la Ciudad parecen ser utilizados como basurero, lo cierto es que acumular autos a cielo abierto tiene un alto costo para la salud de las personas que viven en sus cercanías. Uno de los denunciantes, del Complejo Habitacional Soldati, le manifestó a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que el ?cementerio? de automóviles ?está contaminando el aire, el suelo y las napas de agua de la zona?, siendo los principales damnificados unos 1.500 menores de 12 años de edad que se encuentran constantemente expuestos a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, ya sea porque residen en el Complejo, o bien, porque asisten a alguna de las tres escuelas emplazadas en las inmediaciones.
Es que los componentes de los cuales está hecho cada vehículo se degradan fácilmente al estar al aire libre y penetran en el medio ambiente de un modo totalmente nocivo y silencioso. Algunas sustancias presentes en los automóviles que, al desecharse, se convierten en residuos peligrosos y deben ser sometidas a control son los hidrocarburos, el arsénico, el cadmio, el zinc, el cobre, el cromo, el mercurio y el plomo. Entre las consecuencias para la salud, se pueden enumerar graves alteraciones digestivas, anemia, afectación del sistema nervioso, esterilidad, abortos espontáneos, cáncer y hasta la muerte de las personas expuestas a su contacto.
En el caso de la población infantil la exposición a estos contaminantes, aun a concentraciones que no parecen ocasionar ningún efecto adverso en los adultos, puede producir severos daños en la salud. La exposición crónica a sustancias contaminantes puede tardar años en mostrar sus efectos, ya sea que se trate del ambiente o de las personas. La población más vulnerable a esta exposición son los niños, las mujeres embarazadas y las personas mayores, y suele suceder que, cuando las manifestaciones comienzan a tornarse evidentes, el daño ya es irreversible.
Bomba de tiempo
Luego de una intervención de la Defensoría, la Policía Federal Argentina informó que la totalidad de vehículos existentes en el predio ubicado en avenida Lacarra 3400 era de 1.688 rodados, además de que se halló un montículo de bicicletas, motos y objetos varios de secuestros como sillas, un carro ambulante y un tubo de gas. Sin embargo, no existen matafuegos ni elementos de lucha contra incendio y los tanques de combustible pueden quedar vacíos o llenos, según como lleguen. Si hubiera pérdidas de aceite lubricante, líquido de frenos, combustible o ácido de las baterías, este caería directamente al piso, que es de tierra. Desde el organismo de contralor destacaron que una de las inspectoras reconoció que ?los autos que llegan al depósito se estacionan y quedan allí hasta su retiro, que puede ser de días, meses o años. Los vehículos quedan a merced del tiempo sin cuidado alguno?.
?Esta Defensoría ha puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades que los vehículos depositados en playas judiciales, sin encontrarse sujetos a control suficiente, contaminan los terrenos, originando graves perjuicios a toda la comunidad residente en las proximidades. La peligrosidad intrínseca que presentan los automotores en estado de abandono hasta ha sido establecida por la Ley 342?, señala el informe final del organismo.
Pese a la peligrosidad latente, ya pasaron más de dos años de la primera denuncia y las autoridades locales y nacionales parecen mirar a un costado. Con este panorama, la Defensoría decidió realizar recomendaciones al Gobierno porteño y al Estado nacional para que gestionen la desactivación de la playa policial y recuperen la posesión del predio de titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procediendo de igual forma para todo otro caso de similares características. o
