Hasta que el agua no le llegó al cuello, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, no tomó conciencia del complicado problema que enfrentaba en el caso del espionaje porteño. El cambio de estrategia del jefe comunal, que se inició el último lunes, luego de su regreso de Santo Domingo, capital de República Dominicana, tiene como objetivo principal hacer públicos los hechos de la causa, que, según el macrismo, demostrarían que todo es una operación política de Néstor Kirchner, para que de esa manera la sociedad en su conjunto se dé cuenta de que Macri es una ?víctima del poder nacional?.
?Hay que dejar de lado las acciones judiciales y sacar el caso a los medios, para que la gente vea el armado que existe detrás de este voluminoso expediente?, agregó ante Noticias Urbanas uno de los abogados que trabaja en la defensa del Jefe de Gobierno, al referirse a la nueva táctica macrista.
La jugada se decidió luego de que el jueves de la semana pasada, los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, confirmaran por unanimidad el procesamiento contra el jefe comunal que en primera instancia había dictado, el 14 de mayo último, el juez federal Norberto Oyarbide.
Éste se encuentra a cargo de la causa caratulada ?James, Ciro Gerardo y otros sobre intervención de las comunicaciones?. Para los camaristas, hay semiplena prueba de que Macri es culpable de los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita.
Ante esa resolución, dictada cuando Macri estaba de viaje, los laderos del Jefe de Gobierno no perdieron el tiempo y salieron a decir que el dictamen era un ?mamarracho jurídico? y que los jueces eran ?funcionales al poder político del kirchnerismo?.
La primera estrategia judicial que se pensó ante la confirmación del procesamiento fue la de apelar a la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, que integran Ángela Ester Ledesma, Liliana Elena Catucci y Eduardo Rafael Riggi. Pero durante el fin de semana la estrategia de defensa comenzó a cambiar y luego de que Macri llegara de su viaje, el lunes por la tarde, se realizó una reunión entre el jefe porteño y sus abogados, Santiago Feder y Diego Rosental, en donde se decidió cambiar de táctica.
Al analizar la actuación de la Sala III de Casación en el caso de las escuchas salió a la luz el fallo por unanimidad que el 18 de marzo confirmó los delitos por los que fue procesado por Oyarbide, el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge ?el Fino? Palacios. El ex comisario se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz, por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y escuchas ilegales. Además, para los camaristas, el Fino debía seguir preso hasta el juicio oral.
Con ese antecedente, la posibilidad de que Casación votara en contra de Macri era muy alta y volver a perder lo iba a dejar muy mal parado, ya que no sólo serían Oyarbide y la Cámara Federal, sino que ahora se sumarían tres camaristas más y el argumento de la operación política perdería fuerza.
Por eso se decidió pedir la realización, cuanto antes, del juicio oral y público, para que de esa manera el caso tome estado público y la gente pueda ver si existen pruebas o no contra Macri. También, al ir a juicio oral, el tribunal se elige por sorteo y creemos que los nuevos jueces serán más imparciales que los que nos tocaron hasta ahora?, le manifestó a este medio uno de los hombres que trabaja en la defensa del Jefe de Gobierno.
Pero llegar al juicio oral no será tan sencillo, ya que los tiempos los maneja el juez de la causa, Norberto Oyarbide. Una vez que el magistrado considere que terminó la etapa de la investigación y que se recolectaron todas las pruebas necesarias, recién ahí el magistrado decide elevar la causa a juicio oral.
Y como los tiempos los decide el juez, el expediente se puede cerrar en unos meses o en varios años. ?Los mal pensados creen que, por recomendación del matrimonio K, el juicio oral se podría realizar durante la campaña presidencial de 2011, y eso no sería nada bueno para Mauricio?, le comentó a NU un investigador de la pesquisa.
El propio Macri reconoció la situación en la conferencia de prensa que brindó el último miércoles en el Salón Blanco de la Jefatura de Gobierno, al señalar: ?Varios abogados me dijeron que para que el juicio oral se lleve a cabo pueden pasar muchos meses o incluso varios años y eso me decidió a pedir el juicio político en la Legislatura?.
Priorizar el tema del juicio político no significa que el macrismo no siga manteniendo la estrategia de exponer mediáticamente los supuestos errores del caso y así lo confirmó la diputada nacional Gabriela Michetti, al manifestar que la idea es que el caso ?salga de la Justicia para que, en un eventual juicio político, las declaraciones de los testigos y las pruebas sean públicos y que, de una vez por todas, se terminen las mentiras?.
Dentro de ese contexto tiene una importancia vital la movida que el macrismo impulsa en el Congreso Nacional de citar al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un íntimo amigo de Néstor Kirchner, Héctor Icazuriaga. El PRO apuesta a que sea allí donde se conozca el rol que tuvo en la causa el organismo de inteligencia, ignorado por la Justicia.
El ámbito propicio sería la Comisión Bicameral permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, que está dominada y presidida por la oposición al kirchnerismo, ya que su titular es la diputada de La Pampa Adriana García, del Peronismo Federal.
Por eso, el presidente de la bancada PRO de diputados nacionales, Federico Pinedo, recordó que hay un pedido formal realizado por la Coalición Cívica para que la Bicameral convoque a Icazuriaga, para que informe sobre los teléfonos intervenidos en el tiempo que comprende la investigación que se realiza en el Gobierno de la Ciudad. Esto probaría que fue un agente de la SIDE el que alertó de que su teléfono estaba siendo intervenido desde el Gobierno porteño a Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares de Víctimas de la AMIA.
Por otro lado, los abogados defensores de Macri elaboraron un escrito con alrededor de 20 puntos en donde exponen que la causa fue armada contra su cliente y detallan las presuntas irregularidades de la misma que la Justicia no tuvo en cuenta.
?La idea de los letrados es que ese texto se difunda masivamente en los medios, para que la opinión pública tome conocimiento del entramado judicial, cuyo origen es netamente político?, le explicó a NU un dirigente macrista.
Las nuevas jugadas son arriesgadas pero Macri no tiene otra alternativa y esta vez decidió ir a todo a nada. Sabe que su sueño presidencial depende del final de una novela de espías.
