Los integrantes de la cooperativa del Hotel Bauen fueron notificados, el viernes pasado, que en un mes deberán abandonar sus puestos de trabajo. La orden judicial dictada por la jueza en lo comercial Paula Hualde provocó que quienes, luego de años de abandono, pusieron en marcha el hotel, ubicado en la avenida Callao casi Corrientes, se preparen para resistir.
Este lunes, a las 17, se realizará una asamblea de trabajadores a la que se convoca a todos los sectores políticos y organizaciones sociales para que se defina "la defensa de las fuentes laborales de 150 personas". Los servicios de inteligencia, seguramente estarán presentes para tomar nota de la actividad pública, repitiendo algo que hicieron en la Universidad de Madres hace tres años.
"Nuestra lucha por la ley de expropiación y la recuperación de nuestra fuente de trabajo se ve amenazada una vez más, por la ofensiva de quienes vaciaron la empresa, esta vez amparados por la justicia cómplice y el avance electoral de la derecha", manifestaron los trabajadores del Bauen en un comunicado.
Diego Kravetz fue uno de los referentes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), asesoró a los empleados y ex empleados del Bauen durante poco más de un año. "Fue un tiempo muy intenso de lucha y de propuesta, por lo cual sé cómo se deben sentir hoy los trabajadores frente a un nuevo embate", aseguró.
Por eso, insistió con la necesidad de encontrar un espacio en el que "acordar una salida definitiva y consensuada para la situación".
Desde el 2003, cuando recuperaron el hotel, hoy con una actividad a pleno tanto por los eventos privados como sociales, impulsaron varios proyectos de expropiación, pero ninguno prosperó. En ellos plantearon que el Estado, como acreedor de las dos gestiones empresarias (por el crédito no cancelado del Banade y la deuda por impuestos municipales) debería usar esas acreencias millonarias como parte de pago del edificio.
En tanto que, en diciembre del 2005, el macrismo aprobó en la Legislatura un proyecto exactamente contrario: establecía devolver el inmueble a sus antiguos dueños, condonarles las deudas y otorgarles un subsidio para pagar los sueldos de los empleados por un año. La presión política de repudio logró desactivar el proyecto del macrismo. Ahora que serán gobierno la situación posiblemente cambiará.
