La negativa de los jueces nacionales a integrar la Justicia de la ciudad de Buenos Aires está complicando los planes del Gobierno Porteño. Según pudo conocer Noticias Urbanas, los magistrados preparan una presentación ante los Tribunales que considerará inconstitucional la transferencia de los fueros a la Capital Federal.
Desde que se declaró la autonomía porteña los legisladores de la ciudad y los dos jefes de gobierno que asumieron desde entonces -el actual Aníbal Ibarra y el anterior Fernando de la Rúa- impulsan la derogación de la denominada Ley Cafiero. La norma impide al distrito tener bajo su órbita a la Policía Federal y a la Justicia que se desempeñan en su geografía.
Ibarra avanzó en esa negociación con el gobierno nacional, pero De la Rúa aún no cumplió con su compromiso de enviar él mismo al Congreso la modificación de la norma que permita las transferencias de los servicios.
Ahora se suma que la Asociación de Magistrados ya tendría casi lista una inminente presentación judicial con la que buscará que sus pares del fuero Contencioso Administrativo Federal rechacen el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el sitio de Internet, Diario Judicial, "el escrito está en período de redacción y se trataría de una acción declarativa que tacharía de inconstitucional el cambio y pediría que se respete la ley Cafiero, que reglamentó el nuevo artículo 129 constitucional, en cuanto establece que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación".
La ley de la discordia también es defendida desde la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) que lidera Julio Piumato.
Otro problema que enfrentará el gobierno porteño es la discusión de la ley de coparticipación federal, donde intentará convertir el monto que actualmente paga la Nación por policías y jueces en la ciudad de Buenos Aires en un índice coparticipable, para resolver la transferencia con la partida presupuestaria correspondiente tal como indica la Constitución. Pero al mismo tiempo, algunos gobernadores se oponen porque pretenden que Ibarra pague con su presupuesto esos servicios. La ciudad no recibe su parte por los impuestos nacionales que recauda, como lo hacen las provincias y ese argumento impondrá Ibarra en la mesa de negociación.
