Los directivos de la Asociación de Instaladores de Gas, Sanitarios y Afines de la República Argentina (A.I.G.A.S.R.A) denunciaron que desde el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se está implementando una normativa diseñada especialmente para quitarlos del mercado y reemplazarlos por grandes empresas, que se quedarían con su trabajo.
Desde A.I.G.A.S.R.A están en pie de lucha contra las normativas Nag–225 y Nag–203 -que serían los instrumentos para construir el monopolio- y solicitan la prórroga de la modificación de la Nag-200 -la actual norma vigente- para su estudio y para que los instaladores matriculados puedan ejercer su aporte constructivo. Hasta ahora, los gasistas matriculados son los únicos habilitados para realizar obras nuevas, refacciones y modificaciones en los hogares, comercios e industrias desde 1948. Esto los convierte en los representantes técnicos de los usuarios ante las distribuidoras y el ENARGAS.
“El ENARGAS, las distribuidoras y las empresas privadas se tomaron 4 años para elaborar estas nuevas Normativas, en tanto que a los gasistas, que tienen que cubrir largas jornadas de trabajo, les concedieron sólo 90 días corridos para realizar sus aportes a las nuevas normas” se queja Fabián Petrecca, directivo de A.I.G.A.S.R.A. Además, reclama que “hubiera sido más positivo que desde principios del 2015 se hubieran sumado a los Gasistas Matriculados al armado y la discusión de estas normativas, lo cual hubiera evitado el principio de un conflicto en ciernes”. Cabe destacar que aún A.I.G.A.S.R.A no recibió respuesta a los planteos que ya realizó ante el ENARGAS.
Walter Kesternich, también directivo de A.I.G.A.S.R.A, manifestó a Noticias Urbanas que “quienes presiden el ENARGAS son, como presidente, Mauricio Roitman y como vice Daniel Perrone. Ambos provienen de las empresas distribuidoras y transportadoras, por lo que su status de permanecer a ambos lados del mostrador le quita objetividad para dictar una norma que perjudica a los instaladores matriculados, a favor de las empresas de las cuales provienen“.
“Una de las palabras que modificaron -señaló Petrecca a NU- es que ya no habrá ‘incumbencias’, de ahora en más, serán ‘competencias’, un atropello que nació de la Resolución 1254/2018, dictada por el Ministerio de Educación“.
En la privatización de los ’90, que alcanzó a la antigua Gas del Estado, ésta pasó a dividirse en nueve distribuidoras. Aquí se dio la primera paradoja de esta historia: la matrícula de los instaladores de gas había desaparecido, tal como sucedió con Obras Sanitarias, anulada no por una decisión de los legisladores sino porque éstos ejercieron la cuestionable virtud del olvido.
Advertidos por los propios gasistas -en su lucha para seguir existiendo en aquel entonces-, los técnicos del ENARGAS elaboraron el Anexo correspondiente para que pudieran continuar ejerciendo su labor, como lo dictaminaba la actual Nag-200 del año 1982, que rige desde entonces la actividad de los instaladores de gas y que es la norma que ahora buscan modificar para quitarlos de en medio.
Por estos días, los instaladores deben volver luchar para no ser eliminados por estas nuevas maniobras oscuras, que integran un rompecabezas en el que, una vez que se complete, serán las propias distribuidoras las que realicen los trabajos, aunque conchabando a los mismos instaladores matriculados como contratistas externos. Éstos, entonces, seguirán cargando con la responsabilidad civil, aunque desde entonces el beneficio económico será traspasado a las distribuidoras, convertidas de esta manera en monopolios.
Finalmente, el miércoles 26 de junio a las 10:00 -en dos días- los gasistas van a manifestar en las puertas de Metrogas, en Jovellanos 922, Barracas, para expresar su disconformidad.
