En medio del escándalo por los aportantes truchos en la campaña legislativa de Cambiemos en la provincias de Buenos Aires del año pasado, el Gobierno decidió mandar la nueva ley de financiamiento político.
El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez dijo que el borrador se viene “trabajando hace más de un año” y que se lo presentará en los próximos días.
El proyecto determina un registro de proveedores y servicios bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral, con el objetivo de evitar gastos que luego son difíciles de controlar.
Impulsado por la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Lucía Aboud, y por el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, el proyecto también busca extender el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de los 15 días actuales a 30 días.
El proyecto contempla la ampliación y fortalecimiento del cuerpo de auditores contadores, así como un procedimiento específico para sancionar los delitos electorales, dentro de los cuales aquellos vinculados al financiamiento tienen especial importancia.
Hasta hoy, gran parte de los aportes a los partidos se realiza en efectivo, lo cual dificulta el control de su origen y destino. En tal sentido, con esta propuesta se limitan los aportes en efectivo a fin de garantizar la trazabilidad del dinero y la identificación del donante.
La prohibición de los aportes de personas jurídicas no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad ni transparencia. Existe un fuerte consenso respecto a que la transparencia electoral requiere admitir estos aportes, estableciendo controles y topes para que ninguna persona –física ni jurídica– pueda “comprar” una campaña. El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, manteniendo el 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido.
Se propone que aquellas empresas o individuos que pretendan proveer bienes y servicios para el desarrollo de campañas electorales por un monto superior a los 10.000 módulos electorales (unos $ 94.000 en 2017) se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.
En materia de publicidad en vía pública deberán inscribirse todos quienes pretendan brindar este servicio, indepenientemente del monto de facturación.
De esta manera se busca hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos, evitando la presentación de facturas apócrifas, la justificación de gastos no realizados, etc.
Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.
En cuanto a la publicidad oficial, a la prohibición genérica de evitar elementos que promuevan el voto, se agrega la prohibición de incluir imágenes, nombres y voces de candidatos.
Se promueven sanciones para quienes utilicen recursos con los que cuentan en su calidad de funcionarios públicos para promover o perjudicar a un candidato, o para coaccionar a sus subordinados a participar de actividades de campaña, o que condicionen la prestación de un servicio a su cargo al apoyo político.
En varios fallos la Justicia electoral advierte sobre la necesidad de crear un tipo específico que penalice el clientelismo, y sobre todo aquel que se ejerce desde el estado.
En el proyecto de reforma electoral se incluyó un tipo general que penaliza a quien entregue beneficios particulares a cambio del voto.
Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones con motivo de la violación de normas vinculadas al régimen de financiamiento.
Se establece la obligatoriedad para los partidos de contar con un sitio web, a los efectos de que publiquen allí sus estados contables. De esta manera se busca hacer más accesible la información sobre origen y destino de los fondos que se utilizan en la actividad política.